«El reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en materia de Derecho de Familia. El procedimiento de exequatur». A cargo de Patricia Vadillo.

AD 3/2019

Abstract:

A lo largo del presente artículo se tratan las diferencias de  legislación aplicable y tipo de procedimiento a la hora de solicitar en España la ejecución de una Sentencia de divorcio dictada por un Tribunal extranjero. Se analizan separadamente los casos en los que la sentencia cuya ejecución se pretende ha sido dictada por el tribunal de un país extracomunitario, o si, por el contrario, se trata de una sentencia dictada por el tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea.

Palabras clave: 

  • Exequatur
  • Sentencia 
  • Derecho de Familia
  • Cooperación jurídica internacional

Los abogados que nos dedicamos habitualmente al Derecho de Familia, con cierta frecuencia recibimos el encargo de solicitar en España la ejecución de una Sentencia de divorcio dictada por un Tribunal extranjero, generalmente con la finalidad de reclamar alimentos debidos o para exigir el cumplimiento del régimen de visitas.

En estos casos, la legislación aplicable y el tipo de procedimiento va a depender de si la sentencia cuya ejecución se pretende ha sido dictada por el tribunal de un país extracomunitario, o si, por el contrario, se trata de una sentencia dictada por el tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea.

A lo largo del presente artículo trataré de resumir las diferencias en la regulación de uno y otro supuesto, centrándome en aquellas resoluciones que versen sobre Derecho de Familia, y con especial atención al procedimiento de exequatur.


1. Sentencia dictada por el tribunal de un país extracomunitario

En este caso, a falta de acuerdo o tratado internacional en vigor del que España sea parte, resulta de aplicación supletoria la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, que viene a derogar los artículos 951 a 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 e introduce una regulación moderna del exequatur, entendido como aquel procedimiento especial cuyo objeto es declarar, a título principal, el reconocimiento de una resolución judicial extranjera y, en su caso, autorizar su ejecución.

La competencia para conocer de las solicitudes de exequatur corresponde a los Juzgados de Primera Instancia del domicilio de la parte frente a la que se solicita el  reconocimiento o ejecución o, subsidiariamente, del lugar en el que la resolución deba producir sus efectos, siendo competente, en último caso, el Juzgado de Primera Instancia ante el cual se interponga la demanda de exequatur.

El procedimiento de exequatur, para el que es preceptiva la intervención de Abogado y
Procurador, se inicia mediante demanda, que debe cumplir los requisitos del artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (demanda de juicio ordinario). 

Desde un punto de vista práctico, la parte más compleja de este procedimiento se centra en lograr reunir la documentación necesaria que exige el artículo 54.4 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, y que reproduzco a continuación:

a) Original o copia autenticada de la resolución extranjera, debidamente legalizado o
apostillado. Si la resolución cuyo reconocimiento o ejecución se pretende ha sido dictada por alguno de los Estados adheridos al Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 (podéis consultar aquí el listado de países firmantes), solo será necesaria la apostilla, lo que simplifica mucho los trámites. En caso contrario, se requiere que la resolución esté legalizada, y ello implica la intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de origen y de la autoridad diplomática o consular de España en dicho Estado, lo que, obviamente, complica y alarga los trámites.

b) En el caso de que la resolución fuera dictada en rebeldía, el documento que acredite que el demandado recibió la cédula de emplazamiento. Se trata de un requisito muy importante, pues el artículo 46 de la Ley 29/2015, de 30 de julio prevé, como una de las causas de denegación del reconocimiento, que la resolución se hubiera dictado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de las partes, entendiendo que concurre una manifiesta infracción de los derechos de defensa cuando, en los casos de resoluciones dictadas en rebeldía, no se haya entregado al demandado la cédula de emplazamiento.

c) Cualquier prueba que acredite que la resolución es firme y que, en su caso, tiene fuerza ejecutiva en el Estado de origen.

d) Las traducciones oportunas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Una vez reunida la documentación necesaria e interpuesta la demanda de exequatur, el
Letrado de la Administración de Justicia dictará Decreto de admisión y dará traslado a la parte demandada para que se oponga en el plazo de treinta días, con intervención, en todo caso, del Ministerio Fiscal. Formalizada la oposición o transcurrido el plazo sin que la misma se haya formalizado, el órgano jurisdiccional resolverá por medio de auto lo que proceda en el plazo de diez días. Contra el auto de exequatur solo cabe interponer recurso de apelación.

Ese carácter subsidiario de la Ley 29/2015, de 30 de julio que había mencionado
anteriormente se predica también de la materia, pues tanto en su Exposición de Motivos como en su artículo 2.b) establece que allí donde exista normativa específica en una concreta materia que regule también la cooperación internacional, se aplicará esa normativa.

En definitiva, la Ley 29/2015, de 30 de julio se aplica a las relaciones de cooperación
jurídica con terceros países no miembros de la Unión Europea que no sean a su vez firmantes de un tratado internacional, y respecto de aquellas materias que no tengan un tratamiento específico en la normativa especial.

En materia de Derecho de Familia, y más concretamente en materia de reclamación de
alimentos, debemos tener presente el Convenio de la Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia, cuya finalidad es garantizar el cobro internacional de alimentos mediante la adopción de toda una serie de medidas, entre ellas, el reconocimiento y la ejecución de las decisiones de alimentos (Capítulos V y VI).


2. Sentencia dictada por el tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea.

En este caso resulta de aplicación el Reglamento (UE) n.º 1215/2012 de Parlamento
Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que viene a derogar el Reglamento (CE) n.º 44/2001, de 22 de diciembre de 2000, que a su vez sustituía al Convenio de Bruselas de 1968.

La novedad más importante que introduce el citado Reglamento es la eliminación del
procedimiento de exequatur y la supresión de la exigencia de reconocimiento previo de la resolución de otro Estado miembro, otorgándose validez directa a las resoluciones dictadas por los países de la Unión Europea, abriendo así la puerta a la libre y plena circulación de títulos judiciales y extrajudiciales.

No obstante, quedan excluidas de su ámbito de aplicación material, por tener su normativa específica:

a) Las acciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, en cuyo caso se aplica el Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.

El artículo 21.1 del citado Reglamento establece que las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno. Es decir, suprime el exequatur, si bien prevé la posibilidad de que cualquiera de las partes solicite que se resuelva sobre el reconocimiento o no reconocimiento de la resolución (art. 21.3), y al mismo tiempo regula los motivos de denegación del reconocimiento de resoluciones en materia de divorcio, separación, nulidad matrimonial y responsabilidad parental (art. 22 y
siguientes) 

b) Las acciones en materia de alimentos, en cuyo caso se aplica el Reglamento (CE) nº
4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos.

El artículo 17 del citado Reglamento suprime de manera expresa el procedimiento de exequatur sin posibilidad alguna de impugnar el reconocimiento de las resoluciones dictadas por Estados miembros vinculados por el Protocolo de La Haya de 2007 sobre Cobro Internacional de Alimentos. Además, otorga fuerza ejecutiva directa en los demás Estados miembros, sin necesidad de otorgamiento de la ejecución, a aquellas resoluciones dictadas en un Estado miembro vinculado por el referido Protocolo de la Haya de 2007.

No obstante lo anterior, se prevé la posibilidad de que el demandado solicite un reexamen de la resolución cuando la demanda no se le haya notificado con la suficiente antelación como para organizar su defensa o cuando no haya podido impugnar la reclamación de alimentos por causa de fuerza mayor o debido a circunstancias extraordinarias ajenas a su responsabilidad.

Por otro lado, para el caso de resoluciones dictadas por Estados miembros no vinculados por el Protocolo de la Haya de 2007, el artículo 23 del Reglamento 4/2009, de 18 de diciembre de 2008 suprime igualmente el exequatur pero con posibilidad de impugnar el reconocimiento de la resolución y sin fuerza ejecutiva directa, por lo que las partes deberán solicitar el otorgamiento de la ejecución.

A diferencia de lo que ocurre con las resoluciones dictadas por tribunales de Estados
extracomunitarios, en este caso no se exige la apostilla o legalización de la resolución, lo que facilita y agiliza enormemente los trámites.

A modo de conclusión, y examinando la cuestión desde el punto de vista práctico del
abogado o abogada que recibe el encargo de solicitar la ejecución de una sentencia de divorcio dictada por un tribunal extranjero, lo primero que hay que analizar es el origen de la resolución, es decir, si ésta proviene de un país extracomunitario, en cuyo caso habrá que instar el procedimiento de exequatur; o si por el contrario proviene de un estado miembro de la Unión Europea, en cuyo caso la resolución tendrá validez directa sin necesidad de pasar por el farragoso procedimiento del exequatur, debiendo acudir a la regulación específica según se pretenda iniciar una acción en materia de alimentos o en materia matrimonial y de responsabilidad parental.

Palma de Mallorca 10 de enero de 2019.



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Patricia Mª Vadillo García

Licenciada en Derecho por la Universitat de les Illes Balears

Abogada en “Serra & Vadillo, Abogados”

Colegiada en el ICAIB con nº 4435

 





 
 

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