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Nulidad absoluta y relativa: diferencias, efectos, legitimación. Confirmación de los contratos anulables.

NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA: DIFERENCIAS, EFECTOS, LEGITIMACIÓN. CONFIRMACIÓN DE LOS CONTRATOS ANULABLES.  

 

Abstract: en nuestro Código Civil las figuras de la nulidad absoluta y la nulidad relativa o anulabilidad son tratadas de manera muy confusa e imprecisa. El art. 1261 CC establece los requisitos para que un contrato sea válido. La nulidad absoluta es la mayor sanción que el ordenamiento jurídico impone a un contrato: el contrato nulo no produce efecto jurídico alguno. La anulabilidad, por su parte, tiene lugar cuando un contrato reúne todos los requisitos establecidos en el art. 1261 CC pero concurre un determinado vicio que impide que despliegue los efectos previstos por el ordenamiento jurídico. La nulidad absoluta es imprescriptible mientras que la anulabilidad tiene un plazo de caducidad de cuatro años. La nulidad absoluta opera ipso iure, mientras que la anulabilidad necesita el ejercicio de una acción de impugnación por la parte legitimada para ello. En la nulidad absoluta existe una amplia legitimación, pudiendo solicitarla no solo los contratantes sino también terceros afectados por el contrato; en la anulabilidad la legitimación es más limitada, estableciéndose en el art. 1.302 CC el elenco reducido de personas legitimadas. Nuestro CC establece la posibilidad de que los contratos anulables sean confirmados válidamente.  

Keywords: validez, nulidad, anulabilidad, absoluta, nulo, vicio, vicios, viciado, declaración, ipso iure, confirmación, válidos, relativa, contrato, negocio, jurídico, consentimiento, objeto, causa, legitimación, terceros, contratantes, inexistencia, efectos, anulable, legitimado, contratante, inexistencia. 

 

El artículo 1.261 del Código Civil establece los requisitos para que un contrato sea válido: 

1.º?Consentimiento de los contratantes. 

2.º?Objeto cierto que sea materia del contrato. 

3.º?Causa de la obligación que se establezca. 

En el curso de la formación del contrato, pueden concurrir determinados vicios que, dependiendo de su entidad o intensidad, pueden dar lugar al régimen de la nulidad absoluta o al de la anulabilidad. 

Art. 1275 CC: «Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral.» 

Art. 6.3 CC: «Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.» 

Es preciso diferenciar las figuras de la nulidad relativa y la nulidad absoluta. En nuestro Código Civil ambas figuras son tratas de manera muy confusa e imprecisa, por lo que la jurisprudencia y la doctrina han tenido que suplir las lagunas de la regulación legal. 

La nulidad absoluta es la mayor sanción que nuestro ordenamiento jurídico otorga a un negocio jurídico; niega su existencia y la posibilidad de producir consecuencias. Tiene lugar cuando faltan alguno de los requisitos esenciales para que el contrato se perfeccione, como el consentimiento, objeto y causa establecidos en el art. 1261 CC citado anteriormente, o cuando se ha celebrado vulnerando una norma imperativa o prohibitiva (art. 6.3 CC). 

La nulidad relativa o anulabilidad, por su parte, está regulada en los arts. 1.300 y ss. del Código Civil. Los contratos anulables son aquellos en los que concurren todos los requisitos para su validez; no obstante, concurren determinados vicios que impiden que desplieguen los efectos previstos por el ordenamiento jurídico.  

El artículo 1.300 CC establece: «Los contratos en que concurran los requisitos que expresa el artículo 1.261 pueden ser anulados, aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley.» 

Los vicios que dan lugar a la acción de impugnación por anulabilidad son, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1.300 CC, vicios del consentimiento, falsedad de la causa, falta de medidas de apoyo o de representación de personas con discapacidad, falta de consentimiento del otro cónyuge.  

El negocio jurídico anulable es inicialmente válido y despliega sus efectos, si bien se encuentra en una situación ambigua, puesto que está viciado ab origine y amenazado por la posibilidad de que se ejercite la acción de impugnación. Esa acción nace precisamente de su naturaleza viciada. 

Tal y como explica Delgado Echeverría: «Uno de estos regímenes típicos es el de la anulabilidad, para cuya caracterización se atiende, primariamente, al mecanismo de la ineficacia, es decir, a ser una ineficacia provocada, dependiente del ejercicio de un poder de impugnación. Como contrapartida, será también una ineficacia sanable, ya que aquel a quien está permitido impugnar también puede confirmar el acto anulable. En su regulación típica, es además la anulabilidad una ineficacia originaria, y establecida para la protección de intereses privados (por ello se deja en manos del interesado el mecanismo de la ineficacia). Este régimen tiene ventajas prácticas, ya que así los incapaces y los afectados por un vicio del consentimiento quedan mejor protegidos que con el sistema de nulidad absoluta (en el que no podrían aprovechar los beneficios del negocio jurídico que le resultara favorable) o el de la rescisión (en el que habrían de probar la lesión sufrida).» 

Según Castán Tobeñas, ?la anulabilidad o nulidad relativa implica la existencia de un contrato en el que concurren consentimiento, objeto y causa, que no es contrario a la ley, ni a la moral ni a las buenas costumbres pero que sufre algún vicio (normalmente del consentimiento o de capacidad) y, por ende, es susceptible de anulación por los tribunales. 

La nulidad absoluta opera ipso iure, y no está sujeta a plazo de prescripción puesto que el contrato viciado de nulidad absoluta no produce efecto jurídico alguno. «El ejercicio de la acción de nulidad no está sometido a plazo de caducidad alguno, pues como señala la sentencia recurrida dicha acción es imprescriptible de acuerdo con la regla de que lo nulo en su inicio no puede ser convalidado con el tiempo.» (Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de 1 de octubre de 2009). 

La nulidad relativa, por su parte, no opera ipso iure, sino que debe ser necesariamente traída a colación por la parte afectada por la anulabilidad, es decir, es necesario el ejercicio de la acción de nulidad ante los tribunales. Se excluye la posibilidad de ser apreciada de oficio.  

Por otro lado, la acción de nulidad está sujeta a un plazo de caducidad de cuatro años, tal y como establece expresamente el art. 1301 CC. El mencionado artículo establece las diferentes pautas para el inicio del cómputo del plazo. 

A pesar de que el art. 1.301 establece expresamente que «la acción de nulidad caducará a los cuatro años» hay una discusión doctrinal puesto que algunos autores consideran que el plazo es de caducidad y otros, de prescripción.   

No obstante, en lo que sí es unívoca la jurisprudencia, es en establecer que el plazo de caducidad de cuatro años del art. 1.301 es aplicable únicamente a la nulidad relativa, siendo imprescriptible la acción para solicitar la nubilidad absoluta de un contrato, ya que lo que es nulo en su origen no puede ser convalidado en el tiempo. 

«Aunque ciertamente la literalidad del artículo 1301 CC podría llevar a un lector profano a considerar que la acción de nulidad caduca a los cuatro años, tanto la jurisprudencia como la doctrina coinciden unánimemente en interpretar que el artículo 1301 CC se aplica a la anulabilidad y no a la nulidad, que es definitiva y no puede sanarse por el paso del tiempo» (STS de 18 de octubre de 2005). 

«La nulidad es perpetua e insubsanable, el contrato viciado de nulidad absoluta en ningún caso podrá ser objeto de confirmación ni de prescripción.» (STS de 4 de noviembre de 1996). 

¿Quién puede ejercitar la acción de nulidad absoluta de un contrato? Una de las principales diferencias con la figura de la anulabilidad es la amplia legitimación, pues están legitimados tanto los contratantes como las personas que hayan podido resultar perjudicadas en el contrato. En el caso de la nulidad relativa, la legitimación es más limitada, estableciendo el art. 1.302 CC el reducido elenco de personas que pueden ejercitar la acción de anulabilidad. Dicho artículo establece en su apartado primero que pueden ejercitar la acción de nulidad de los contratos los obligados principal o subsidiariamente en virtud de ellos. En los apartados siguientes explica quien puede ejercitar dicha acción cuando el afectado por el vicio es un menor o un incapaz.  

«Diversas resoluciones de esta Sala han declarado que estas últimas pretensiones, que instan el reconocimiento de la nulidad absoluta o la inexistencia de un contrato no se hallan sujetas a las limitaciones que establece el artículo 1302, pudiendo ser deducidas no solo por quienes han intervenido en el otorgamiento del contrato a que se refieren, sino, además, por quienes hayan podido resultar perjudicados.» (Sentencia del Tribunal de Supremo de fecha 25 de abril de 2001). 

La nulidad absoluta pueden solicitarla terceros que no hayan sido parte en el contrato siempre que tengan un interés jurídico en el mismo o se haya visto perjudicado o afectado de alguna manera por la situación jurídica que el contrato cuya nulidad se pretende ha creado. (Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 1993 y 21 de noviembre de 1997).  

«La declaración de nulidad de los contratos impone que quien la inste esté asistido del necesario interés jurídico en ello (…) o lo que es lo mismo se hace preciso que el demandante se vea perjudicado o afectado en alguna manera por el contrato y la falta de todo interés evidentemente priva al tercero para el ejercicio de la acción.» (STS 145/2004 de 28 de febrero). 

No obstante, los tribunales pueden declarar de oficio la nulidad de los contratos cuando se trate de actos nulos de pleno derecho, conforme al artículo 6.3 del Código Civil. 

El Tribunal Supremo, mediante reiterada jurisprudencia, ha declarado que la facultad de declaración de oficio de la nulidad de un acto jurídico debe circunscribirse a los actos nulos de pleno derecho. Cuando un negocio jurídico está revestido de una apariencia suficiente de formalidad, debe ser la parte a quien perjudica la que debe instar su declaración de nulidad para así despojar al contrato de esa apariencia de legalidad y obtener la tutela judicial que pretende.  

«Esta doctrina permisiva de la declaración de oficio por los Jueces y Tribunales de la nulidad o inexistencia de los contratos, no puede servir, por el carácter excepcional y restrictivo con que ha de ser ejercitada por el Juzgador esa facultad, para suplir, como se pretende en el motivo, la inactividad del actor declarando la inexistencia del repetido contrato de arrendamiento por falta de causa y dando lugar a una Sentencia acogedora de una acción que no fue ejercitada en Autos con las consecuencias restitutorias de ello derivadas.» (STS de 15 de diciembre de 1993). 

La citada sentencia hace una recopilación de las resoluciones dictadas por el TS para razonar el motivo por el cual la facultad ex officio de los tribunales debe considerarse solo justificada en los casos de nulidad de pleno derecho «para evitar el peligro de proliferación de nulidades excesivas en materias que entran en el ámbito de la autonomía de voluntad y que deben dejarse a la iniciativa e interés de la parte supuesta la inexistencia de atentado flagrante al orden jurídico de cuya defensa están encargados los Tribunales, así, si bien las Sentencias de 29 de enero de 1932 , 15 de enero de 1949 , 20 de octubre de 1949 , 28 de abril de 1963 y otras admiten la posibilidad de una declaración de oficio de la nulidad para evitar que los fallos de los Tribunales, por el silencio de las partes, puedan amparar hechos torpes o constitutivos de delito, también es cierto que ello sólo tiene justificación ante actos nulos de pleno derecho ( art. 6.°3 del CC ), pero no ante negocios no afectos de vacío o no infractores de un precepto claro y terminante – Sentencias de 11 de marzo de 1965 , 22 de marzo de 1965 -, y mucho menos respecto de actos y negocios cuya apariencia jurídica correcta merezca el debido respeto mientras no se impugnen en forma o eficazmente, dando así oportunidad a la otra parte para su defensa – Sentencias de 31 de diciembre de 1949 , 15 de octubre de 1957 , 16 de mayo de 1970 – en atención a las posibles consecuencias de la acción». 

Es conveniente citar la sentencia 1257/2006 de 30 de noviembre en un asunto en el que se instó la nulidad de un contrato de suministro de agua por ilicitud de la causa. Conforme a lo pactado en el contrato, el suministrador se comprometía al abastecimiento de agua de una urbanización. El suministrador no contaba con la autorización administrativa exigida para el suministro contratado. El Tribunal Supremo razonó que, de considerarse válido tal contrato, la consecuencia de dicha validez hubiera sido imponer a toda una población un abastecimiento de agua sustraído de cualquier control administrativo. Los contratos con una causa ilícita, contrarios a la moral o al orden público, no producen efecto alguno.  

Otro efecto de la nulidad de un contrato es el restitutorio, de conformidad con el artículo 1.303, el cual establece: «Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes.» 

Los artículos 1.304, 1.305 y 1.306 regulan los efectos restitutorios cuando la nulidad proceda de la minoría de edad o de ser ilícita la causa.  

El Código Civil, en su artículo 1.309, establece la posibilidad de que los contratos anulables sean confirmados válidamente. Es un medio de subsanación que el Código Civil otorga a la persona legitimada para invocar el vicio o defecto del contrato posteriormente confirmado expresa o tácitamente.  

Para que la confirmación sea válida debe reunir una serie de requisitos, como son los siguientes: 

– Debe ser tratarse de un contrato anulable (el art. 1.310 establece que solo son confirmables los contratos que reúnan los requisitos establecidos en el art. 1.261). 

– Debe hacerse por la personada legitimada para instar la acción de nulidad (según el art. 1.312 la confirmación no necesita el concurso de aquel de los contratantes a quien no correspondiese ejercitar la acción de nulidad). 

– El confirmante debe conocer la causa de anulabilidad, la cual debe haber cesado.  

El art. 1.311 CC: «La confirmación puede hacerse expresa o tácitamente. Se entenderá que hay confirmación tácita cuando, con conocimiento de la causa de nulidad y habiendo ésta cesado, el que tuviese derecho a invocarla ejecutase un acto que implique necesariamente la voluntad de renunciarlo.» 

Según el art. 1.313 CC, la confirmación purifica al contrato de los vicios de que adoleciera desde el momento de su celebración. 

Delgado Echeverría establece: «Los efectos sanatorios de la confirmación se imponen erga omnes: es decir, el negocio anulable vale también para los terceros como si desde el principio careciera de vicios. Pero ello no supone una retroacción de los efectos de la confirmación. El negocio ahora confirmado era ya eficaz para todos desde el principio, y ahora simplemente deja de estar amenazado por la impugnación, lo mismo que sucede en los demás casos de extinción de la acción de anulación.» 

 

María Pérez García. Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, col 131.688. Especializada en derecho civil y penal. 

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