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El marco legal en Latinoamérica debe evolucionar a la propuesta de smart cities. A cargo de Crismary D. Álvarez P.

AD 19/2021

EL MARCO LEGAL EN LATINOAMÉRICA DEBE EVOLUCIONAR A LA PROPUESTA SMART CITIES, DE LO CONTRARIO, PASARA LO MISMO QUE EN LOS ÚLTIMOS CUATRO SIGLOS EN CUANTO A LA TRANSFERENCIA DE RIQUEZA, MATERIA PRIMA Y VALOR AGREGADO.

RESUMEN.

La Agenda 2030 cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que reemplazan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y determinarían el trabajo de las Naciones Unidas hasta el año 2030. La Agenda 2030 es civilizatoria, es universal y es indivisible ya que integra los tres pilares del desarrollo sostenible (económico, social y medioambiental) presentando así una visión holística del desarrollo. Pero, la gran interrogante que surge es sobre cómo se va adecuar la Agenda 2030 a la política publica interna de cada país, enfrentado: marcos legales obsoletos, realidades sanitarias y económicas por consecuencia del covid-19, crisis del sistema democrático global, pasividad gubernamental y factores propios del cambio climático.

PALABRAS CLAVE.
Derecho Urbanístico, Política Urbanística, Ciudad, Ciudad Sostenible, Ciudad Digital. Smart Cities, Agenda 2030, Covid-19, Economía, Infraestructuras Inteligentes, Inteligencia Artificial, Big Data, Propiedad Intelectual de Datos, Organizaciones Intermedias, Recuperación Económica, Planes de Desarrollo.

ANTECEDENTES.
Hasta el mes marzo del presente año, la agenda urbana global se soportaba en el compromiso celebrado en año en el 2015, donde los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como hoja de ruta hacia un nuevo paradigma de desarrollo en el que las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas toman un rol central en la propuesta de CIUDADES para el futuro.

Se estimaba que la agenda 2030 regiría programas de desarrollo mundial en próximos 10 años. Pero, en el nuevo contexto global y regional acelerado por la contingencia del COVID-19, que ha provocado la peor crisis económica y social en décadas, con efectos dañinos sobre el crecimiento, la pobreza, el empleo, y que además evidencio las realidades de la ciudades con respecto a la insuficiencia de los sistemas sanitarios, el atraso en legislación y la irresponsabilidad de los gobernantes -sin dejar de mencionar, que sinceró el hecho de que el modelo económico que venía en curso no es el más adecuado para la vida humana-.

Otro hecho cierto es que, en el mediano plazo, esta crisis también provocará cambios estructurales en la organización de la producción, en el mercado de trabajo y en los sistemas financiero y comercial internacional. En este contexto, las políticas para mantener encaminada la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible son más esenciales que nunca, especialmente para reconstruir sociedades más resilientes e inclusivas en la fase pospandémica.

Sin duda hay reflexiones que deben hacerse, hablar ahorita de lo que no se hizo podría parecer fuera de contexto, pero, es un ejercicio imprescindible para evaluar el comportamiento de las distintas gestiones gubernamentales ante este episodio histórico. No podemos seguir debatiendo conceptos que están en desuso, el mundo va a velocidades altas y no tenemos un modelo de futuro. Maxime, cuando lo que se viralizó, fue el espíritu hobbesiano del sálvese quien pueda. No se ha comprendido que abordar las necesidades del momento debe, en última instancia, combinarse con una visión y un programa de colaboración global. Si no podemos hacer las dos cosas a la vez, enfrentaremos lo peor de cada una.

NUEVO CONTEXTO GLOBAL Y REGIONAL.

Dentro de la reconfiguración de los nuevos ordenes globales, se deben explicar definiciones conceptuales de lo que serán las ciudades, y la nueva agenda debe estar orientada a diagnosticar la realidad y determinar opciones para usufructuar bienes y servicios en marcos participativos basados en valores plurales. La cuidad que dejará el COVID-19 tendrá como reto exigir a las gestiones públicas -a través de las organizaciones intermedias- la elaboración de los instrumentos de planificación, incorporación en los presupuestos públicos y alianzas con sectores empresariales.
Esto debe comenzar por definir una política urbanística que garantice el derecho a la ciudad, como expresión que se traduce en ejercicio efectivo de una serie de derechos, entre ellos, los derechos humanos y los derechos civiles. Además, esta expresión también implica en la dinámica urbana el equilibrio entre el desarrollo de conformidad al orden económico mundial, la preservación de los recursos ecológicos y la equidad social; donde el territorio de las ciudades es considerado espacios de ejercicio y garantía a fin de asegurar la distribución sostenible de los recursos, servicios, bienes y oportunidades que ofrecen las ciudades.

La ciudad siempre ha sido el espacio de preservación de la humanidad, representa el centro de mayor concentración, producción, consumo y ejercicio efectivo de una serie de derechos. El salto al nuevo tecno-paradigma obliga a abordar la propuesta de las Ciudades Inteligentes, dado su origen natural de las Ciudades Digitales, se refieren al uso intenso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la prestación de servicios públicos de alta calidad a través de infraestructuras modernas.

COMO COMUNIDAD LEGAL ESTAMOS OBLIGADOS A CONSTRUIR SOSTENIBILIDAD MÁS TECNOLOGÍA.

Desde la filosofía de la tecnología aplicada al Derecho en la responsabilidad de hacer ciencia y conciencia, la comunidad legal debe entender que el nuevo mundo que ha surgido nos obliga a construir sostenibilidad más tecnología. No se trata de agotarnos en la virtualización de la justicia o la telemática aplicada al ejercicio del Derecho. El cambio es en la esencia misma del concepto jurídico mediante la armonización entre la innovación y la tradición. La actualidad exige regulaciones pertinentes de conformidad con las realidades instaladas para mantener el pensamiento humano consolidado por siglos y evitar manipulaciones algorítmicas. Si Latinoamérica de forma instantánea no despierta a la conciencia de que la divisa del futuro es digital y que los datos personales del individuo son la materia prima del mañana porque son los que alimentan los sistemas de inteligencia artificial y la big data, va a pasar lo mismo que en los últimos cuatro siglos en cuanto a la transferencia de riqueza, materia prima y valor agregado.

Una ciudad podrá ser calificada de inteligente en la medida que las inversiones que se realicen en infraestructuras de energía, electricidad, gas, tecnologías de comunicación, electrónica, Internet, uso de la big data, manejo de algoritmos, privacidad de datos e infraestructuras de transporte, contemplen y promuevan una calidad de vida elevada, un desarrollo económico-ambiental durable y sostenible, una gobernanza participativa, una gestión prudente y reflexiva de los recursos naturales, así como un buen aprovechamiento del tiempo de los ciudadanos.

CONCLUSIONES

La propuesta Smart Cities representa una mira integral a las necesidades y retos que presentan las ciudades en el proceso de adaptarse al nuevo siglo, para de esta forma brindar a sus ciudadanos una mejor calidad de vida. Las ciudades modernas, basadas en infraestructuras eficientes y durables de agua, electricidad, telecomunicaciones, gas, transportes, servicios de urgencia y seguridad, equipamientos públicos, edificaciones inteligentes de oficinas y de residencias, etc., deben orientarse a mejorar el confort de los ciudadanos, siendo cada vez más eficaces y brindando nuevos servicios de calidad, mientras que se respetan al máximo los aspectos ambientales y el uso prudente y en declive de los recursos naturales no renovables.

En la nueva dinámica del mundo que está naciendo ya puede descontarse que las tendencias hacia la digitalización de la salud, la educación online, el mercado de trabajo electrónico, la automatización de las instituciones gubernamentales, la virtualización de las actividades de planeamiento y ejecución autogestionadas desde la inteligencia artificial.
Frente a estas realidades, es necesario reconfigurar el pensamiento jurídico-social, para plantear la adaptación de la legislación nacional y tratados internaciones a los avances de la ciencia y poder afrontar las regulaciones necesarias en el futuro de las realidades ya instaladas, entre ellas, el régimen jurídico de las infraestructuras inteligentes, el uso de la big data y la regulación en el manejo de los algoritmos.

Los ciudadanos tienen que plantearse qué tipo de sociedad quieren y que tipo de persona es necesaria para eso. Porque el futuro no sale porque si, lo estamos construyendo cada día con lo que hacemos.

¡Por Ciudades que respondan a necesidades humanas!

Crismary D. Álvarez P.

16 de febrero de 2021


Referencias Biográficas:

  • EL Derecho Urbanístico en Venezuela (1946-2019). Emilio J. Urbina Mendoza. Cuadernos de la Catedra Fundacional Allan R Brewer-Carias. Universidad Católica Andrés Bello N° 40- Editorial Jurídica Venezolana.
  • El Derecho público del algoritmo. Reflexiones sobre la transición de la modernidad jurídica crítico/lineal al la cuántica/fractal. Emilio J. Urbina Mendoza, Doctor en Derecho (Universidad de Deusto) Profesor de Postgrado de la Universidad Católica Andrés Bello. Revista de Derecho Público Nº 161 – 162. Enero – Junio 2020 Director Fundador: Allan R. Brewer-Carías Editorial Jurídica Venezolana – Fundación de Derecho Público.
  • Modificaciones de las tendencias en el Derecho urbanístico, pensado desde la sociedad del algoritmo y los cambios que trajo consigo el Covid-19. El ejemplar es el número 3 (enero/junio 2020). Revista Americana de Urbanismo (RADU). Emilio J. Urbina Mendoza.

CRISMARY D. ÁLVAREZ P.

Abogado de libre ejercicio profesional en el área del Derecho Civil Consultora en Políticas Urbanísticas.

Presidente de la Asociación Venezolana Instituto de Promoción Integral (AVIPRI).

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