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¿Cómo funciona un procedimiento de extradición?
El procedimiento de extradición es una solicitud de colaboración entre Estados, para la detención y entrega de una persona contra la que se sigue un procedimiento penal o contra la que se ha dictado sentencia condenatoria y debe cumplir la pena impuesta. La extradición se enmarca dentro del derecho penal internacional.
En España el órgano judicial encargado de conocer sobre las extradiciones es la Audiencia Nacional, donde los abogados especialistas en extradiciones velan por los intereses de quienes intentan extraditar.
CLASES DE EXTRADICIÓN
La extradición puede ser activa, es decir, que España es el país que solicita la extradición de una persona que se encuentra en otro Estado, o pasiva, esto es, que España es el país al que se solicita la extradición de una persona que se encuentra dentro de sus fronteras. Cada uno de estos procedimientos se regula por separado y tiene unas especialidades propias:
A) La extradición activa, se regula en los artículos 824 a 833 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Solamente podrá solicitarse la extradición:
- De los españoles que habiendo delinquido en España se hayan refugiado en país extranjero.
- De los españoles que habiendo atentado en el extranjero contra la seguridad exterior del Estado, se hubiesen refugiado en país distinto del en que delinquieron.
- De los extranjeros que debiendo ser juzgados en España se hubiesen refugiado en un país que no sea el suyo.
Y solamente procederá la petición de extradición:
- En los casos que se determinen en los Tratados vigentes con la potencia en cuyo territorio se hallase el individuo reclamado.
- En defecto de Tratado, en los casos en que la extradición proceda según el derecho escrito o consuetudinario vigente en el territorio a cuya nación se pida la extradición.
- En defecto de los dos casos anteriores, cuando la extradición sea procedente según el principio de reciprocidad.
B) La extradición pasiva, se regula en la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva.
Los principios rectores del procedimiento de extradición son los siguientes:
- Principio de doble incriminación: Consiste en que los hechos por los que se reclama a la persona constituyan delito en el Texto Punitivo de ambos Estados.
- Principio de especialidad: Garantiza que la extradición lo será únicamente por el delito objeto de solicitud.
- Principio de non bis in idem: Garantiza que no se entregará a una persona que haya sido juzgada en España por los mismos hechos por los que se solicita su entrega.
Además de estos principios, se regulan otras excepciones que permiten denegar la entrega como en los casos de delitos políticos, de delitos militares y de nacionales españoles, o de extranjeros cuando el conocimiento de los hechos por los que se les reclama corresponda a los Tribunales españoles.
La extradición entre países miembros de la Unión Europea se denomina Orden Europea de Detención y Entrega, comúnmente conocida como “OEDE” o “euroorden” y tiene unas especialidades propias con respecto a la extradición con países no miembros, regulándose en la Ley 23/2014 de 20 de noviembre de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.
PAÍSES CON LOS QUE ESPAÑA TIENE FIRMADO ACUERDO DE EXTRADICIÓN
Pese a que no resulta estrictamente necesaria la existencia de acuerdo bilateral en materia de extradición para su solicitud y ejecución, la existencia de uno de estos acuerdos asegura que la solicitud de extradición será tramitada y resuelta de conformidad con las disposiciones pactadas entre ambos Estados.
Actualmente España tiene firmados acuerdos de extradición con varios Estados, concretamente:
- Argelia
- Argentina
- Australia
- Bolivia
- Brasil
- Cabo Verde
- Canadá
- China
- Colombia
- Ecuador
- El Salvador
- Emiratos Árabes
- Estados Unidos
- Guatemala
- Honduras
- Kazajistán
- Liberia
- Marruecos
- Mauritania
- México
- Nicaragua
- Nueva Zelanda
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Rusia
- Sudáfrica
- Venezuela
Un ejemplo de un caso de actualidad
El procedimiento de extradición ha sido noticia en los últimos meses en nuestro país por el caso del ex militar venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, comúnmente conocido como “El pollo Carvajal”.
Este caso muestra que en los procedimientos de extradición existen numerosos subterfugios que pueden utilizarse para tratar de evitar que se ejecute la misma o, al menos, que se dilate lo máximo posible. En el caso del Sr. Carvajal se han utilizado por su defensa tres frentes defensivos, en concreto: mediante una petición de asilo; mediante una solicitud para que se le considerase testigo protegido, a cambio de una colaboración efectiva con la Justicia española; y mediante el recurso del acuerdo del Consejo de Ministros, de 3 de marzo de 2020 que acordó su entrega a Estados Unidos.
Finalmente parece que ninguna de estas vías de defensa ha evitado la extradición al haberse denegado recientemente el recurso de súplica interpuesto por el Sr. Carvajal contra la decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de dar por buenas las garantías ofrecidas por Estados Unidos, con relación a la cadena perpetua que puede imponérsele en base a los delitos por los que se le reclama.
Si bien, este caso muestra las posibilidades legales existentes para evitar o al menos dilatar una extradición, así como la importancia de contar con el asesoramiento y defensa de un despacho de abogados experto en extradiciones para maximizar las posibilidades de que un estado deniegue la extradición.
Equipo Iuris Now
12 de enero de 2022
