LA JUSTICIA EN LOS TIEMPOS DE PANDEMIA
Vivimos tiempos complicados, en las certezas y en las incertidumbres. Si bien nadie parece saber qué es lo que nos espera en los próximos meses, e incluso años, con lo que hemos vivido en las últimas semanas ya no podemos dudar que nuestras vidas no volverán a la normalidad que conocíamos.
La Administración de Justicia no es ajena a las circunstancias que nos acechan y quienes en ella nos movemos, y por tanto conocemos su realidad y sus marcadas carencias que vienen de lejos, no tenemos ni un solo motivo para sentirnos más tranquilos que en cualquier otro ámbito de nuestras vidas.
Cuando han transcurrido más de dos meses desde que se decretara el estado de alarma, ningún servicio público continúa en suspenso sine die y con el aparente consenso de todos los implicados.
Tras la decisión inicial hemos asistido a un incesante goteo de planes de choque, cuya aplicación inmediata en realidad ni sus propios autores propugnaban, contestados por las propuestas de otros; para no llegar sino al lugar que todos los que trabajamos por y para la justicia transitamos desde hace años: sedes judiciales sin medios para abordar lo que ahora es una necesidad, la digitalización de una justicia que se decía dotada de recursos tecnológicos.
La Administración de Justicia podría haber tenido capacidad para absorber los efectos de una pandemia pero no solo no lo ha hecho, sino que quizás haya perdido un tren que no volverá y que habría permitido adaptar las soluciones que aún no se han programado a las particularidades de cada uno de los más de cuatrocientos partidos judiciales que hay en nuestro país.
Se han desperdiciado más de sesenta días en que los juzgados han desempeñado una actividad mínima y que habrían servido para forjar un plan eficaz y efectivo simplemente por realista y solvente. Ello porque las progresivas fases de la denominada “desescalada” toman en consideración las características de las distintas zonas geográficas –desde las propias de los núcleos de población de hasta cinco mil habitantes, hasta la capacidad de las distintas unidades de salud o la incidencia que en cada territorio ha tenido el virus hasta la fecha- como no podía ser de otra manera. Pero ¿por qué no sucede esto en el ámbito de la justicia?, ¿no podría haberse recuperado la actividad, al menos parcialmente, en algunas zonas?.
Resulta que al día siguiente de decretarse el estado de alarma la comunidad educativa inició un trabajo sin precedentes, con la inestimable colaboración de los padres, y trasladó a la forma telemática toda la actividad formativa que de forma eminentemente presencial venía desplegando. Es obvio que los estudiantes se han visto afectados por la pandemia, y que son muchas sus dudas y las incertidumbres que les acechan, pero han continuado su proceso formativo y han sentido que eran importantes y que contaban.
Esta percepción no han podido tenerla quienes estaban citados para la celebración de un juicio el día 16 de marzo; con frecuencia asediados por esa victimización secundaria que solo comprende quien convive durante años con una realidad que desgasta y mucho: la de tener que cerrar un episodio doloroso, de conflicto; la de tener que revivir la controversia que no hemos podido resolver extrajudicialmente y enfrentar a quienes tendrán intervención de un modo u otro en ese proceso judicial que ahora está en el aire.
“¿Cómo va lo mío?”. Nunca ha sido fácil responder a esta pregunta desde el prisma de un profesional de la Administración de Justicia; regido por leyes procesales que fijan para las actuaciones plazos que solo obligan a unos, porque la falta de medios está tan aceptada que se da por hecho que los demás no tienen capacidad para cumplir la ley en su función de hacerla cumplir a los demás.
Resulta que “lo mío” es lo de todos. Es difícil imaginar la trayectoria vital de una persona que nunca tenga que pisar un juzgado y es que las múltiples y diversas relaciones que mantenemos, como seres sociales que somos, nos empujan de un modo u otro a que, antes o después, sea un tercero el que dirima nuestras controversias y desencuentros.
La justicia es de todos y es para todos y es inconcebible que, a la fecha del presente, no tengamos un plan serio y firme para que retome su actividad y, con ello, la plenitud en el ejercicio de derechos de una ciudadanía que quizás se haya visto afectada innecesariamente y haya dejado de obtener, durante este período, una tutela judicial que se habría traducido en derechos que habrían contribuido a aligerar las cargas que esta pandemia ha puesto sobre los hombros de muchas familias.
Hasta ahora no tenemos un plan que parta de la base de que en España el diez por ciento de los partidos judiciales aglutinan a algo más del cuarenta por ciento de la población y del número de jueces en activo. Por otro lado tenemos un cincuenta por ciento del número total de partidos judiciales con una población que no llega al quince por ciento del total nacional. ¿Está realmente fundado que todos estos partidos judiciales retomen la actividad al mismo tiempo y de la misma forma?.
No es difícil conocer las cifras de los partidos judiciales y de los juzgados, al alcance de cualquiera que tenga interés en consultar las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. A través de ellas sabremos que el partido judicial de Madrid tiene tres millones de habitantes, mientras el de Sahagún abarca a ocho mil personas. Es la realidad de la denominada “España vaciada” que de momento no ha tenido reflejo en la desescalada judicial.
Lo cierto es que hemos tenido tiempo para un análisis serio de la situación de los juzgados en España antes de la declaración del estado de alarma. A partir de ahí –reconociendo cuando proceda su saturación, su falta de medios humanos y materiales, las carencias de los sistemas telemáticos, etc.- podríamos haber ido más allá y haber completado el estudio para que las medidas de choque propuestas por unos y otros estuvieran realmente vinculadas a la pandemia y a sus consecuencias.
Cuando se habla de que la pandemia producirá una avalancha de asuntos en los juzgados no podemos quedarnos en el temor que infunde el titular, cuando hemos tenido tiempo más que suficiente para pensar qué tipo de procedimientos traerán causa directa de la pandemia y su incidencia en cada partido judicial; combinada con la situación de los juzgados en aquél a 13 de marzo de 2020.
Muchos partidos judiciales de nuestro país querrían ver sobrepasados sus juzgados de lo social pero quienes en ellos viven saben que su tejido industrial se destruyó progresivamente desde 2008; y poco o nada queda que perder y lo que hay, desde luego, no sobrecargará la ya maltrecha administración de justicia.
¿Qué sucederá con la delincuencia?. ¿Se verán incrementados los índices de comisión de algunos tipos delictivos como consecuencia de la situación que atravesamos?. Si para hablar de justicia no se ha tenido en cuenta la situación de la justicia, resulta una quimera pensar que se hayan podido analizar otros factores que, destacados a diario en los medios de comunicación, pudieran tener una incidencia en la materia que nos atañe.
Hay en España muchas personas que desde hace dos meses no perciben ingreso alguno. Deficiencias en los servicios sociales de las administraciones locales nos han mostrado la cara más amarga de una crisis que ha trascendido del ámbito sanitario para golpear a quienes nunca pensaron verse en la situación en la que están. Son aquellos a los que están atendiendo las ONGs o las asociaciones vecinales. Les hemos visto hacer cola para recibir alimentos y hemos sentido, al menos algunos lo hemos hecho, la desesperación de su incertidumbre.
Son personas vulnerables. No por su propia condición física o psicológica, sino por encontrarse en una situación inestable que les hace depender del entorno para mantener su posición dada. Son personas socialmente vulnerables. A caballo entre quienes se encuentran en situación de exclusión y los individuos integrados, les hemos puesto rostro y hemos entendido que las dificultades que ahora presentan para mantener alguna de sus relaciones han de ser temporales.
Pero, ¿de qué forma conseguirán esas personas volver al lugar que ocupaban antes de que el COVID-19 nos golpeara con la intensidad con que la ha hecho?. ¿Encontrarán todos un camino dentro de la legalidad vigente, con el consiguiente apoyo de las administraciones que se traduzca, por ejemplo, en una solución rápida a las reclamaciones que en un juzgado puedan plantear y de las que puedan derivarse una restitución en los derechos vulnerados o la percepción de una indemnización?.
La vulnerabilidad social es considerada un factor claro que genera delincuencia; es con frecuencia una situación previa al delito pero no lo obliga en la medida en que el delito no dimana de una situación, sino de la decisión de un agente que se encuentra en una situación y que crea su propio rol social dentro de los límites de posibilidad con que se encuentra.
¿Cuáles son los límites de posibilidad de quienes han perdido tanto y no ven un horizonte claro respecto de la forma, y sobre todo el momento, en que podrán empezar a recuperarse?. Esta pregunta no tiene respuesta, como tantas otras, pero quizás debería tenerla como paso previo a dotar a los juzgados desde la necesaria conexión que existe entre las materias que en los mismos han de dilucidarse y los sujetos que son susceptibles de entablar las relaciones en que las mismas se reflejen.
La fase 1 de la desescalada ha comenzado para una amplia mayoría del territorio español pero fuera han quedado los más importantes núcleos de población y ese avance, que nos permite retomar poco a poco la antigua normalidad, parte de la base de que es más necesario disfrutar de una terraza –que lo es y vaya por delante mi felicitación a los empresarios que se han atrevido a darnos servicio con el incierto panorama que nos rodea- que obtener una tutela efectiva de nuestros derechos. Y así es evidente que cualquier cosa puede salir mal.
Ana Garnelo
19 de mayo de 2020
Licenciada en derecho ejerciente, perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de León. Mediadora
Defensora de la función social de la abogacía y del turno de oficio como máxima expresión de la misma.
Miembro por tanto de la Comisión de Turno de Oficio de la Delegación de Ponferrada del Ilustre Colegio de Abogados de León y letrada adscrita al turno de oficio.
Comprometida con la necesidad de facilitar el acceso a la profesión a quienes se incorporan a la misma desde la presidencia de la Agrupación de Abogados Jóvenes de León.
Convencida de que la justicia atraviesa un momento complicado, con amenazas frente a las cuales no podemos ser indiferentes quienes hemos hecho de su defensa uno de los frentes fundamentales de nuestras vidas. Activista por tanto en redes sociales.
Experta en gestión de redes sociales. Ponente en el I y II Encuentro de
Community Management en el Sector Legal, organizados por el Instituto de Innovación Legal, y coautora de los ebooks “Redes sociales en el sector legal” y “II Encuentro de CM legal”, editados ambos por Lefebvre-El Derecho.
Twitter: @AnnieGarnelo
Muy buena reflexión.