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Obligaciones legales de las aplicaciones de citas para combatir la violencia de género digital
Como bien es sabido, Internet ha revolucionado muchas de nuestras actividades cotidianas, también a la hora de conocer gente y ligar. A pesar de las interminables ventajas que ello supone, las redes sociales y las aplicaciones de citas se han convertido, a su vez, en un nuevo instrumento para ejercer la violencia de género en la esfera digital.
Desde las Naciones Unidas, se define la violencia de género digital o ciberviolencia de género como aquellos actos que, por razones de género, son cometidos, instigados o agravados, en parte o en su totalidad, por el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones.
La ciberviolencia de género es un concepto en constante cambio, influida por las rápidas transformaciones tecnológicas y, en función de ello, seguirán surgiendo nuevas manifestaciones de violencia a medida que las plataformas y herramientas tecnológicas sigan avanzando e interrelacionándose cada vez más en nuestras vidas.
Las redes sociales y las aplicaciones de citas han desarrollado una vertiente peligrosa que permite y facilita la creación de vidas paralelas que, en cierto modo, parece ser que garantiza la inmunidad a aquellos usuarios que insultan, denigran, amenazan o acosan, entre otras actuaciones delictivas, a otros perfiles de la red, a través de la anonimidad, el abuso que puede cometerse desde cualquier lugar, la amplia gama de nuevas tecnologías existentes y la rápida propagación y permanencia del contenido digital.
Por lo tanto, en el contexto actual, en el que el ciberespacio y la vida fuera de Internet están cada vez más interrelacionados, la violencia contra las mujeres ha llegado al mundo digital como una extensión más de esa serie continua de sucesos de violencia que se presentan en la experiencia diaria de mujeres y niñas (Flynn, 2018).
¿Qué hay detrás de las aplicaciones de citas?
Como avanzábamos al principio, el uso de las aplicaciones de citas ha ido incrementando, especialmente, durante y después de la pandemia COVID-19. Durante el confinamiento, por ejemplo, en el territorio español, el uso de Tinder se incrementó en un 94%, el de Badoo en un 52% y el de Grindr en un 24% entre la población menor de 35 años[1].
Como todo, estas aplicaciones también tienen una cara oscura, como es la ciberdelincuencia. Aunque las autoridades públicas lo han ido alertando, destaca una investigación hecha en Australia por ABC, a finales del 2020, en la que se revelaron cientos de testimonios de acoso y abuso sexual, en este caso en la plataforma de Tinder. Esta investigación volvió a poner en el candelero la necesidad de que los intermediarios de internet y las empresas de citas en línea adopten más medidas activas para combatir la violencia de género que se perpetúa en estas plataformas, las cuales, normalmente, rechazan ayudar a las víctimas bajo el amparo legal de proteger a los intermediarios y a las empresas de cualquier responsabilidad por las acciones legales cometidas por terceros durante el uso de estas aplicaciones[2].
En efecto, muchos países carecen de un marco legal que obligue a las empresas de estas aplicaciones o a los intermediarios a prevenir y dar respuesta ante los supuestos de violencia de género contra mujeres en línea y, aún menos, cuando se cometen casos de violencia sexual derivados del uso de las aplicaciones de citas.
En este contexto, para hacer frente a esta problemática, se han barajado soluciones tales como obligar a los usuarios a identificarse o pedir el certificado de antecedentes penales para poder registrarse. No obstante, estas opciones no se han terminado de asentar, ya que pueden conducir a errores, discriminaciones, falsedades o incluso ser insuficientes para frenar el problema, ya que como se señaló el informe de 2016 de la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido, tras revisar 150 incidentes de agresión sexual que involucraban a aplicaciones de citas, la mayoría de los acusados no figuraban como delincuentes sexuales en el momento en el que se cometió el delito.
Idealmente, como bien señala Srinivasan, D. en su artículo, los intermediarios y empresas de aplicaciones de citas deberían tener la obligación de responder a tiempo, investigar la denuncia y dar los pasos necesarios para excluir de las plataformas a los usuarios que cometen abusos, además de eliminar los contenidos abusivos. Para ello, el primer paso que tienen que dar las apps de citas es incrementar la transparencia sobre el número de denuncias de ciberviolencia de género y de las acciones que llevan a cabo ante ellas. De este modo, mejorarían su capacidad de dar soporte y respuestas cuando haya denuncias de violencia de género por parte de mujeres y derivadas por el uso de dichas apps.
Marta Llorens Tor
9 de diciembre de 2021
Bibliografía:
- Amnistía Internacional (2017). Alarmante impacto de los abusos contra las mujeres en Internet. Disponible en: Amnistía revela alarmante impacto de los abusos contra las mujeres en Internet – Amnistía Internacional (amnesty.org).
- Estudio Smartme Analytics disponible en: Smartme Analytics.
- Sanchis, A (2021). Tinder ya planea incluir los antecedentes penales de los “matches”. Y podría ser una mala idea. Disponible en: https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/tinder-planea-incluir-antecedentes-penales-matches-podria-ser-mala-idea.
- Srinivasan, D (2020). Tiéndeme una trampa y acaba conmigo: obligaciones legales de las apps de citas para combatir la violencia sexual. Org disponible en: https://genderit.org/es/feminist-talk/tiendeme-una-trampa-y-acaba-conmigo-obligaciones-legales-de-las-apps-de-citas-para.
[1] Estudio Smartme Analytics Smartme Analytics
[2] Srinivasan, D (2020). Tiéndeme una trampa y acaba conmigo: obligaciones legales de las apps de citas para combatir la violencia sexual. GenderIt.Org disponible en: https://genderit.org/es/feminist-talk/tiendeme-una-trampa-y-acaba-conmigo-obligaciones-legales-de-las-apps-de-citas-para.
Marta Llorens Tor
Jurista en proceso de especialización en derecho de protección de datos y de las nuevas tecnologías (y lo que surja).Realicé mis estudios en Ciencia Política y de la Administración Pública con Derecho en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Posteriormente, cursé el Máster de Acceso a la Abogacía 2019-2021 también en la Universidad Pompeu Fabra.
He trabajado en Andorra y Barcelona. Actualmente, trabajo en el Consorci de Salut i Social de Catalunya en el depertamento de compliance y protección de datos. Realizo frecuentemente pequeños podcasts relativos a la protección de datos a través de la plataforma digital de Webjusticia.
Linkedin: www.linkedin.com/in/martallorenstor.
