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Descubrimientos casuales en las diligencias de entrada y registro

DESCUBRIMIENTOS CASUALES 

EN LAS DILIGENCIAS DE ENTRADA Y REGISTRO

Casual Discoveries During Entry and Search

RAFAEL CABELLO HIDALGO

Jurista

RESUMEN / ABSTRACT

Cuando en el curso de unas diligencias de investigación, más concretamente en la entrada y registro en lugar cerrado, topamos con vestigios que apunta a actividades delictivas novedosas, en tanto no eran fundamento de la resolución judicial que habilitó la práctica de la misma, es cuestión no menos frecuente que surjan dudas sobre el recorrido probatorio que podrán tener tales hallazgos (descubrimientos casuales), debiéndose dirimir si la obtención de estos es conforme a Derecho con amparo en la resolución judicial habilitante originaria o, en caso contrario, se requerirá de una nueva o, al menos, ampliación de la anterior resolución. 

Con ello, y a pesar de la sensibilidad de los derechos fundamentales en juego, no hay regulación expresa contemplada por nuestro legislador para el caso que esto suceda, como decimos, en el contexto de entrada y registro en lugar cerrado. La reforma introducida en 2015 en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal lo aborda en otro contexto, siendo la jurisprudencia, y aquí es donde hallamos una importante división, la que se ha visto obligada a colmar tal casuística.

When, in the course of investigative proceedings, more specifically during the entry and search of a closed premises, we come across traces that point to novel criminal activities not covered by the grounds of the judicial resolution authorizing such action, it is not uncommon for doubts to arise regarding the probative value of such fortuitous findings. It must be determined whether the lawful acquisition of these findings is in accordance with the original enabling judicial resolution, or whether, on the contrary, a new resolution or, at the very least, an extension of the previous resolution is required.

Despite the sensitivity of the fundamental rights at stake, our legislator has not provided explicit regulations for such occurrences, particularly in the context of entry and search in a closed premises. The 2015 amendment to our Criminal Procedure Law addresses this issue in a different context, leaving it to jurisprudence, which is where a significant divergence is observed, to address such a range of situations.

PALABRAS CLAVES / KEYWORDS

    • INVESTIGACIÓN / INVESTIGATION
  • ENTRADA Y REGISTRO / ENTRY AND SEARCH
    • DERECHO FUNDAMENTALES / FUNDAMENTAL RIGHTS
  • JURISPRUDENCIA / JURISPRUDENCE
  • DESCUBRIMIENTOS CASUALES / ACCIDENTAL DISCOVERIES


1.- INTRODUCCIÓN

Como se ha puesto de manifiesto, el objeto del presente estudio es ofrecer una visión de las principales posturas de la doctrina jurisprudencial que se han venido aceptando en relación con los descubrimientos casuales cuando estos se dan en el contexto de la práctica de diligencias de entrada y registro.

Partimos de la base que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECrim) introdujo los descubrimientos casuales en 2015, pero en relación con la detención y apertura de correspondencia escrita y telegráfica (arts. 579 a 588 LECrim), así como con la interceptación de comunicaciones telefónicas, registro dispositivos de almacenamiento masivo de información, etc., que básicamente remiten, de modo expreso, a la regulación contenida en el art. 579 bis LECrim (art. 588 bis i LECrim). En relación con la entrada y registo (arts. 545 a 572 LECrim), a lo que aquí interesa, nada se establece. 

Pues bien, ¿Cómo se venía colmando tal casuística? A base de construcción jurisprudencial, de la cual intentaremos, del modo más claro posible, hacer eco en el presente trabajo. Básicamente, haremos referencia a dos líneas, una “más restrictiva” y otra “más amplia”, gozando, la primera de ellas, de una visión acentuadamente garantista en cualquiera de sus extremos y, la segunda, aunque con base en las garantías propias de tales injerencias, como no podría ser de otra manera, quizás más abocada por la defensa de las facultades investigadoras y, en su caso, represivas por parte del Estado, sometiendo a menos “trabas” la legitimidad de tales descubrimientos acaecidos.

Valga el empeño en recordar que se debe abordar el tema desde una perspectiva de dualidad de posturas, donde habrá que estar al caso concreto y dónde se han venido dando construcciones vacilantes, con argumentos que, cuanto menos, adquieren la solidez suficiente para no ser desechados de un modo claro.

 

II. NATURALEZA Y REGULACIÓN POSITIVA DE LOS DESCUBRIMIENTOS CASUALES

Comenzando, y como no podría ser de otro modo, entiendo que, con carácter previo, debemos tener claro los siguientes extremos, al menos, someramente:

1.- DILIGENCIAS EN SENTIDO AMPLIO

Se trata de aquellas actuaciones llevadas a cabo tanto por la autoridad judicial, Ministerio Fiscal o Policía Judicial con el fin de esclarecer unos hechos que, a priori, presentan carácter delictivo, tendentes a averiguar la verdad de lo sucedido, determinar los presuntos responsables y, en su caso, sustentar la imputación pertinente desplegándose el “ius puniendi” del Estado o, en caso contrario, desvirtuarla y declarar la inocencia de los presuntos autores (o llegar a cualesquiera otra forma de conclusión posible del proceso penal, como, por ejemplo, podría ser la actuación amparada bajo una causa de justificación legitimadora de la conducta potencialmente antijurídica, que eximiría de imposición de pena o medida de seguridad).

2.- DILIGENCIAS QUE AL CASO NOS INTERESAN

Con la pretensión de no hacer un análisis que se nos extienda a extremos que, aunque no menos interesantes e importantes, sobrepasarían el objeto de estudio aquí tratado, dando por sentado el manejo de los mismos, no entraremos en distinciones (más allá de la mera citación) tales como las existentes entre la conocida “instrucción preliminar” (llevada a cabo por Ministerio Fiscal o Policía Judicial)  e “instrucción judicial” (llevada a cabo por la autoridad judicial en el contexto de procedimiento abierto); ni tampoco en la eficacia probatoria de los actos de investigación, en tanto, con base en el art. 741 LECrim, estos sólo serán fundamento para la resolución dictada por la autoridad judicial en tanto se hayan practicado en juicio oral (bajo los principios de oralidad, inmediación y contradicción), con las particularidades propias de la prueba anticipada y la prueba preconstituida.

Por ello, nos vamos a referir aquí a aquellas diligencias que se ven obligadas a pasar por el filtro del juez o tribunal competente, en tanto se llevan a cabo con afectación a los derechos fundamentales de los investigados. Como bien cita la STS de 14 de Junio de 1993, a diferencia de otros medios de investigación, los medios que representan un menoscabo o una injerencia en la esfera de derechos fundamentales no pueden ser utilizados ni en la investigación preliminar de la Policía ni en la que pueda realizar el Ministerio Fiscal.

Y, más concretamente, para llegar al estudio de los “descubrimientos casuales” en el contexto de una diligencia de entrada y registro de lugar cerrado, nos circunscribimos al Título VIII (“De las medidas de investigación limitativas de los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución”), artículos 545 y siguientes de la LECrim.

3.- CIMIENTOS DE TALES DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN

Debemos partir de la base que, para la práctica de las mismas, se va a requerir, con carácter generalísimo, de aval por parte de una resolución judicial, la cual va a adoptar forma de “auto”, siendo necesario la motivación de la misma, como no podría ser de otro modo, al verse en juego la intromisión en la esfera de derechos fundamentales de los individuos sobre la que recayere. 

Es más, si observamos las disposiciones comunes a ciertas diligencias de carácter tecnológico, se supeditan, de modo expreso, a una serie de principios rectores (art. 588 bis a LECrim, Capítulo IV, Título VIII), tales como: especialidad (medida esté relacionada con la investigación de un delito concreto), idoneidad (definirá el ámbito objetivo y subjetivo y la duración de la medida en virtud de su utilidad), excepcionalidad (cuando no estén a disposición de la investigación otras medidas menos gravosas para los derechos fundamentales del investigado), necesidad (la investigación se vea gravemente dificultada sin el recurso a esta medida). y proporcionalidad (tomadas en consideración todas las circunstancias del caso, el sacrificio de los derechos e intereses afectados no sea superior al beneficio que de su adopción resulte para el interés público y de terceros) de la medida, y, aunque sin pretender adelantarme al contenido que se verá en siguientes apartados, se podría suscitar la duda de si tales principios son extensibles al concreto caso que aquí estamos analizando (en el contexto de entrada y registro en lugar cerrado, Capítulo III, Título VIII). Este extremo será analizado más adelante.

4.- Y LOS “DESCUBRIMIENTOS CASUALES”…

En primer lugar, ¿qué debe entenderse por hallazgo casual (descubrimiento casual)?

El TS ya lo definió como “…hallazgo casual, es decir, el elemento probatorio novedoso que no está inicialmente abarcado por el principio de especialidad.” 

Y bien, ¿qué regulación, de modo concreto, encontramos en la LECrim.?

Básicamente, son dos preceptos introducidos en 2015 los que se hacen eco de esta posibilidad. 

El primero de ellos, en el contexto de las diligencias de detención y apertura de correspondencia escrita y telegráfica:

ART 579 BIS

  1. El resultado de la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica podrá ser utilizado como medio de investigación o prueba en otro proceso penal.
  2. A tal efecto, se procederá a la deducción de testimonio de los particulares necesarios para acreditar la legitimidad de la injerencia. Se incluirán entre los antecedentes indispensables, en todo caso, la solicitud inicial para la adopción, la resolución judicial que la acuerda y todas las peticiones y resoluciones judiciales de prórroga recaídas en el procedimiento de origen.
  3. La continuación de esta medida para la investigación del delito casualmente descubierto requiere autorización del juez competente, para la cual, éste comprobará la diligencia de la actuación, evaluando el marco en el que se produjo el hallazgo casual y la imposibilidad de haber solicitado la medida que lo incluyera en su momento. Asimismo se informará si las diligencias continúan declaradas secretas, a los efectos de que tal declaración sea respetada en el otro proceso penal, comunicando el momento en el que dicho secreto se alce.

El segundo, en el contexto de las diligencias de interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de la imagen, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información y los registros remotos sobre equipos informáticos:

ART. 588 BIS i LECrim.

El uso de las informaciones obtenidas en un procedimiento distinto y los descubrimientos casuales se regularan con arreglo a lo dispuesto en el artículo 579 bis.

Pero, ¿y en el contexto de la entrada y registro en lugar cerrado? ¿Qué se regula al respecto de tales descubrimientos? Como se observa, y llama mucho la atención que, a pesar de introducirse las reformas citadas para incluir la regulación expresa a tal casuística, que venía careciendo de regulación legal, la misma se haga, como se ha citado, en los artículos 579 bis (Capítulo III del Título VIII del Libro II), así como en el 588 bis i (Capítulo IV del Título VIII del Libro II), pudiéndose haber incluido (y no haciéndose así) en Capítulo I del citado título, el cual regula la entrada y registro. Este es, precisamente,  el motivo,  tal y como se comentaba en la parte introductoria del presente análisis, de que tal laguna, no sabemos si más o menos intencionada por parte del legislador, pero, sin duda, nexo causal de la dicotomía que aquí se planteará, se haya visto abordada por constructos jurisprudenciales.

De hecho, si acudimos a la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, en su Expositivo IV, buscando la visión y/o voluntad del legislador, se dice que se introduce un nuevo artículo 579 bis relativo a la utilización del resultado de esta diligencia en otro proceso penal distinto, en particular en cuanto al tratamiento de los denominados «hallazgos casuales» y a la continuación de la medida, en aquel otro proceso, para lo que se requerirá un nuevo auto judicial que convalide esta situación. Esta previsión servirá de pauta para el resto de medidas de investigación tecnológica.

En todo caso, si conviene destacar, dentro de los preceptos referentes a la diligencia concreta que aquí nos trae, los siguientes aspectos: 

ART. 546 LECRIM: 

El Juez o Tribunal que conociere de la causa podrá decretar la entrada y registro, de día o de noche, en todos los edificios y lugares públicos, sea cualquiera el territorio en que radiquen, cuando hubiere indicios de encontrarse allí el procesado o efectos o instrumentos del delito, o libros, papeles u otros objetos que puedan servir para su descubrimiento y comprobación.

ART. 552 LECRIM:

Al practicar los registros deberán evitarse las inspecciones inútiles, procurando no perjudicar ni importunar al interesado más de lo necesario, y se adoptarán todo género de precauciones para no comprometer su reputación, respetando sus secretos si no interesaren a la instrucción.

ART. 558 LECRIM:

El auto de entrada y registro en el domicilio de un particular será siempre fundado, y el Juez expresará en él concretamente el edificio o lugar cerrado en que haya de verificarse, si tendrá lugar tan sólo de día y la Autoridad o funcionario que los haya de practicar.

Con lo expuesto hasta el momento, lo único que puede tenerse en claro es la necesidad, como se comentaba al inicio del apartado C del presente epígrafe, así como se desprende del art. 588 LECrim., de fundar (motivar) la diligencia de entrada y registro en lugar cerrado, que no deja de ser un cimiento común para todas aquellas actuaciones que, en un Estado Democrático y de Derecho, se desarrollen con afectación a derechos fundamentales. 

 

III.- CONSTRUCCIONES JURISPRUDENCIALES SEGUIDAS POR NUESTRO ALTO TRIBUNAL

Ahora sí, llegados a este punto, podemos acometer el objeto de análisis, poniéndose de manifiesto, como primera cuestión, que el propio Tribunal Supremo, con ocasión de pronunciamientos en casos que han servido al presente trabajo, ya ha venido advirtiendo de la presencia de líneas jurisprudenciales/doctrinales opuestas en relación con el asunto que aquí nos atañe, siguiéndose lo que parece una evolución en el orden que en el presente señalaremos. Y digo “parece” porque es común encontrar resoluciones judiciales del alto tribunal que, datando de fechas posteriores a la que parecía producirse tal cambio de orientación jurisprudencial, se mantengan en una u otra postura al respecto.

Así, la STS, Sala 2ª de lo Penal, 17/2014 (en adelante, STS 17/2014) señalaba que (…) Problema que ha sido de controversia doctrinal en orden a si tal hallazgo novedoso, no relacionado con el delito o persona investigada, podría ser introducido en un proceso distinto sin afectación del derecho a la inviolabilidad domiciliaria o si, por el contrario, al no encontrarse entre el objeto autorizado del registro habría de considerarse desprovisto de la cobertura judicial habilitante de la intromisión en el ámbito domiciliario, y , por tanto, obtenido como si tal resolución no le afectase.

En la jurisprudencia de esta Sala también se han encontrado presentes ambos criterios.

Vamos a pivotar bastante sobre la citada STS, ya que, al parecer de esta parte, es una de las que mejor se hace eco del conflicto aquí suscitado, referenciando, a su vez, pronunciamientos judiciales seguidos en una u otra línea, como a continuación se exponen.

A su vez, se ha decidido denominar como jurisprudencia “más restrictiva” o “más amplia” a las dos posturas que se plantearán, no por otra razón que la propia de los efectos prácticos consecuentes de seguir una u otra línea interpretativa.

A) JURISPRUDENCIA “MÁS RESTRICTIVA”

En este sentido, y como ya se ha comentado, ante la carencia de regulación expresa de tales descubrimientos en el contexto de la diligencia de entrada y registro, se venía optando por extrapolar uno de los principios básicos que rige las diligencias de interceptación de comunicaciones, la cual, como citamos más arriba, si introdujo ese art. 588 bis i LECrim, en 2015, y por tanto, se exigía ese “PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD” contemplado en el auto habilitante (Art. 588 bis a LECrim: El principio de especialidad exige que una medida esté relacionada con la investigación de un delito concreto. No podrán autorizarse medidas de investigación tecnológica que tengan por objeto prevenir o descubrir delitos o despejar sospechas sin base objetiva). 

Lo cierto es que esta interpretación hacía prácticamente inviable la introducción de tales diligencias en el proceso penal, con extrema dificultad para otorgarle el valor probatorio del que pudieran dotársele a tales descubrimientos casuales, reduciéndolo, básicamente, a una “notita criminis”, es decir, a una transmisión informativa del presunto delito que pudiera haberse dado. 

Entonces, ¿sin más? ¿No tiene valor probatorio el posible descubrimiento casual y se debe pasar por alto? Evidentemente no. Ahora bien, lo que se venía exigiendo es la suspensión de la diligencia para poner en conocimiento del juez/tribunal tales descubrimientos, para que proceda, en caso de estimarlo conveniente, a autorizar la continuación de la misma con cobertura suficiente para no ser viciado, a posteriori, de nulidad.  

En algunas sentencias se reprochaba a la comisión judicial o a la fuerza actuante que no hubiera suspendido la diligencia en el momento del hallazgo novedoso a fin de comunicar el mismo al Juez autorizante y reclamar de este una resolución distinta que amparase la investigación del nuevo delito, bajo pena de nulidad cual si no hubiese existido Auto judicial respecto a este casual hallazgo, SSTS. 28.2.92 , 2.7.93 , 21.1 y 18.2.94 y 1.12.95 que señalan que si el registro va más allá del mandato judicial e investiga otros delitos conexos o no, será nulo en lo relativo a los excesos, si el juez instructor no amplia su mandato respecto al objeto del registro.

Esta línea jurisprudencial trasladaba al ámbito del registro domiciliario la tesis elaborada con ocasión de los descubrimientos casuales ocurridos en el curso de una intervención telefónica, en la que el principio de especialidad adquiere especial relevancia y justifica la intervención solo al delito investigado, en evitación de «rastreos» indiscriminados de carácter meramente preventivos o aleatorio sin base fáctica previa de la comisión de delito, absolutamente proscritos en nuestro ordenamiento.  (STS 17/2014).

Por ello, y aunque se habla de una postura jurisprudencial “más restrictiva” por los extremos expuestos, entiendo que no debe caerse en una interpretación obstaculizadora de dicha exigencia para la tarea investigadora por parte de la autoridad competente, sino una postura más garantista debido a, como ya se ha venido manifestando, la sensibilidad de los derechos fundamentales que se ven potencialmente afectados con la práctica de la misma.

B) JURISPRUDENCIA “MÁS AMPLIA”

Se da un cambio de paradigma en el cual, a pesar de que se admite el trato jurisprudencial con el que se venían resolviendo estos casos de descubrimientos casuales, con vinculación y aplicación del principio de especialidad anteriormente citado, se abandona tal construcción basando su razón de ser en las notables diferencias existentes entre las diligencias de investigación tecnológica (donde se venía regulando expresamente el citado principio, base de la línea jurisprudencial expuesta en el apartado“A”) y la entrada y registro, debido, entre otras razones a la distinta afectación de la intimidad (más intensa y directa en la intervención telefónica, y resto tecnológicas), así como por su prolongación en el tiempo (ya que la entrada y registro se desarrolla y consuma en unidad de acto, no en un periodo de tiempo prologando como el actual de las interceptaciones de las comunicaciones telefónicas, que actualmente: tres meses, ampliables en periodos iguales hasta un máximo de dieciocho).

 (…) No obstante esta Sala Segunda ha venido marcando las diferencias existentes en la diligencia de intervención telefónica y en el registro domiciliario en los supuestos en que es descubierto un objeto delictivo distinto al que hubiera motivado la respectiva diligencia. Así en las sentencias 22.3.99 y 981/2003 de 3.7 se recuerda (…):

Es cierto que esta Sala, trasladando su doctrina sobre las escuchas telefónicas a la entrada y registro, resolvió algunos supuestos bajo un denominado principio de especialidad, concepto, a su vez, trasladado de la extradición. La jurisprudencia más reciente abandona dicha interpretación jurisprudencial destacando las diferencias existentes entre la intervención telefónica y la entrada y registro, tanto por la distinta afectación de una y otra diligencia sobre la intimidad, verdaderamente más intensa y directa en la intervención telefónica, como por la prolongación temporal de una y otra injerencia, pues la entrada y registro tiene acotada su duración temporal en una jornada y se desarrolla en unidad de acto, en tanto que la intervención telefónica tiene una duración que se prolonga a un mes susceptible de ampliación y, consecuentemente, con unas facultades de control judicial distintos ( SSTS 28-4-1995 y 7-6-1997 ) (STS 17/2014).

Por ende, apartándose de la postura establecida en el apartado “A” del presente estudio, empieza a sentarse la cobertura (para tales descubrimientos casuales) en base a dos teorías/reglas: “TEORÍA DE FLAGRANCIA DELICTIVA”, así como “REGLA DE LA CONEXIDAD”.

STS, Sala 2ª de lo Penal, 167/2010. (en adelante, STS 167/2010):

Así, en la Sentencia 315/2003, de 4 de marzo, se declara, recogiendo doctrina de otras sentencias, la validez de la diligencia cuando, aunque el registro se dirigiera a la investigación de un delito, se encontraran efectos o instrumentos de otro que pudiera entenderse como delito flagrante. La teoría de la flagrancia ha sido, pues, una de las manejadas para dar cobertura a los hallazgos casuales, y también la de la regla de la conexidad de los artículos 17.5 y 300 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, teniendo en cuenta que no hay novación del objeto de la investigación sino simplemente «adición». Y en la Sentencia 742/2003, de 22 de mayo, se expresa que nada impide que en la diligencia de registro puedan obtenerse pruebas de otro delito distinto de aquel para cuya investigación fuera inicialmente concedida, máxime cuando tales pruebas se hubieran podido obtener mediante una autorización judicial de entrada y registro que es la que ha mediado en estos casos (…) 

Es decir, haciéndonos eco de la STS 17/2014, lo arriba citado  expresa que la autorización judicial para la entrada y registro se concreta en actividades delictivas concretas, ello, sin embargo, no supone que el hallazgo de efectos o instrumentos que se refieren a conductas delictivas distintas queden desamparados de la autorización judicial que cubre la intromisión en la esfera privada que entraña un domicilio.

A modo de síntesis, podemos afirmar que:

1.- TEORÍA DE LA FLAGRANCIA DELICTIVA

Se ampara, con esta teoría, el descubrimiento casual, en una suerte de delito flagrante [cuyo análisis en profundidad también daría para objeto de otro estudio, debiendo delimitar que se entiende por flagrancia y, dependiendo qué supuesto delito naciera de tales hallazgos, podríamos, efectivamente, dotar de flagrancia a los hechos acontecidos en la entrada y registro o no. Ya que, no debiendo caer en interpretaciones sectarias de la norma, acudiendo al art. 795 LECrim, regulando el procedimiento de enjuiciamiento rápido, se nos presenta el delito flagrante como: se considerará delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él. Aunque ello, como decimos, excede del presente análisis], que no deja de desplegar las obligaciones que nacen, de cara a los agentes actuantes, de los artículos 283, 286 y 553 LECrim., consistentes, grosso modo, en la obligación en recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito para ponerlos a disposición de la autoridad judicial.

 

(…) ya se señaló que si en la práctica del registro aparecen objetos constitutivos de un cuerpo de posible delito distinto a aquel para cuya investigación se extendió el mandamiento habilitante, tal descubrimiento se instala en la nota de flagrancia por lo que producida tal situación la inmediata recogida de las mismas no es sino consecuencia de la norma general contenida en el art. 286 de la Ley Procesal «.(STS 17/2014).

 

2.- REGLA DE LA CONEXIDAD

Esta regla parte de su origen en el art. 17 LECrim., donde se establece que los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso. Esto nos lleva a pensar que ante descubrimientos casuales, siempre que se trate de delitos conexos, quedarán bajo una suerte de adicción, constituyéndose una relación entre los delitos objetos de investigación previstos en el auto judicial habilitante y el ahora topado; lo que lleva a no apreciar autonomía y desligue de la investigación inicial, en cuyo caso requeriría (salvo un amparo justificado en la teoría de la flagrancia que arriba se expone) su correspondiente habilitación judicial “ex novo”, la cual cubriera, por parte del juez/tribunal competente, la validez conforme a derecho de las pruebas que se pretenden obtener, ya que los efectos del presunto delito autónomo descubierto por los agentes caería en la condición de mera “notita criminis”, requiriendo, como se comenta, el correspondiente auto judicial.

A modo de resumen, de lo que sería esta evolución jurisprudencial hacía la aceptación de las diligencias practicadas en base a descubrimientos casuales, podemos aludir a la referida STS 17/2014, la cual sentaba que:

 (…) La Constitución no exige en modo alguno, que el funcionario que se encuentre investigando unos hechos de apariencia delictiva cierre los ojos ante los indicios de delito que se presentasen a su vista, aunque los hallados casualmente sean distintos a los hechos comprendidos en su investigación oficial, siempre que ésta no sea utilizada fraudulentamente para burlar las garantías de los derechos fundamentales ( STC. 49/96 ) y también que, el que se estén investigando unos hechos delictivos no impide la persecución de cualesquiera otros distintos que sean descubiertos por casualidad al investigar aquéllas, pues los funcionarios de policía tienen el deber de poner en conocimiento de la autoridad penal competente los delitos de que tuviera conocimiento, practicando incluso las diligencias de prevención que fueran necesarias por razón de urgencia, tal y como disponen los arts. 259 y 284 LECrim . 

Consecuentemente, reiterando anteriores razonamientos, ha de afirmarse una vez más que: 

  1. a) Lo que realmente otorga validez a la práctica de un registro, cualquiera que fuere, no es sino la correcta habilitación judicial para la ejecución del allanamiento domiciliario legal, en el momento en el que éste se lleva a cabo, con la entrada de los funcionarios en la vivienda objeto de la pesquisa. 
  2. b) Una vez cumplido tal requisito esencial, a partir de ese momento, la actuación policial discurre en un ámbito perfectamente legítimo, en sus dimensiones espacial y temporal, durante su transcurso íntegro.
  3. c) Por ello, cualquier hallazgo que, en tales circunstancias, se produzca no puede ser tachado de irregular vista la legalidad en la que la diligencia discurre
  4. d) Si a ello se une, además, la concurrencia de la proporción entre la injerencia en el derecho fundamental y la gravedad del ilícito inesperadamente descubierto, la diligencia adquiere una imprescindible cobertura, como en el presente supuesto acontece al tratarse de un posible delito contra la Salud pública, sancionado por su trascendencia social con elevadas penas de prisión. 
  5. e) Tan sólo si se advirtiera que todo ello pueda responder, en realidad, a un designio intencionado de los funcionarios solicitantes del registro que fraudulentamente hubieren ocultado al Juez autorizante, por las razones que fueren, el verdadero motivo de su investigación, la violación del domicilio habría de ser considerada nula. Circunstancia que, en el caso que nos ocupa, ni siquiera ha sido objeto de sospecha. 

Por consiguiente, debe concluirse, en definitiva, que el hecho de hallar, en un registro domiciliario, válida y fundadamente autorizado en su origen, efectos u objetos distintos de los correspondientes al ilícito inicialmente investigado, no convierte en ilegal la práctica de la diligencia así realizada, de modo que si aquella inicial autorización reunió todos los requisitos exigibles para ser tenida como correcta, los hallazgos producidos como resultado de la misma, han de ostentar pleno valor probatorio.

Por todo lo traído al presente epígrafe, se observa cómo, con la nueva línea jurisprudencial que se abría camino, se pretende dotar de un mayor ámbito de legitimación a aquellas actuaciones que, en el contexto de diligencia de entrada y registro, se realicen por parte de la autoridad competente, gozando de validez, bien sea un descubrimiento potencialmente previsto o uno que brote en el transcurso de las mismas, siempre que en origen (tal diligencia) estuviera cubierta por una habilitación judicial ajustada a derecho, siempre que no se hubiera articulado con intenciones fraudulentas en detrimento de los derechos fundamentales en juego.

 

IV.- CONCLUSIONES

Con toda las cautelas que ello merece, partiendo de que no es fácil, por no decir inviable, hablar de una postura clara al respecto (al menos de momento), no queda más opción, en su caso, que referirse a posturas mayoritarias actualmente aceptadas, sin que, en ningún caso, esto desvirtúe los razonamientos no menos lógicos de la línea opuesta a la que se decida seguir, siendo necesario, al parecer del que suscribe, o, al menos, clarificador para una actuación basada en la seguridad jurídica (como principio básico que rige en nuestro ordenamiento en base al art. 9.3 CE) y respeto a los derechos fundamentales en juego, una regulación detallada al respecto por parte de nuestro legislador. 

Por intentar dotar de cierta claridad, en la medida de lo posible, el asunto, si parece que en origen, nuestro Alto Tribunal, venía colmando tal conflicto desde una perspectiva más garantista, más restrictiva, debiendo pasar cualquier descubrimiento casual por el filtro de la autoridad judicial, mutando dicha postura para llegar el punto en que decide apartarse de tal camino para, lo que parece ser, facilitar o, mínimamente, no dejar impune, la posibilidad de encontrarse estos hallazgos casuales cuando el origen de la entrada y registro había cumplido con todas las formalidades requeridas.

Lo que menos duda me suscita es que, con la regulación actual y todo lo antedicho, la única forma de llevar a cabo las prácticas de tales diligencias, en el caso de encontrarse en el transcurso de las mismas con descubrimientos casuales, con total respeto a los derechos fundamentales que puedan verse afectados, para que, a posteriori, no pueda caer en vicios de nulidad, desvirtuando así el valor probatorio de una potenciales diligencias que pudieran llevar a la efectiva represión y castigo penal merecido, sería la suspensión de la práctica de la misma, solicitando a la autoridad judicial competente bien la ampliación, bien la emisión de nuevo auto habilitante (según estemos ante delitos conexos o delitos autónomos), con las medidas cautelares pertinentes en ese lapso de tiempo, para, con el beneplácito judicial, poder continuar con todas las garantías y efectividad que pudiera blindar a las mismas.


V.- BIBLIOGRAFÍA

 

 


  • Moreno Catena, V. y Cortés Domínguez, V., Derecho Procesal Penal, Tirant lo Blanch.

 

 

 



RAFAEL CABELLO HIDALGO. Jurista Entusiasta del Derecho Constitucional y Derecho Penal, se graduó en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide en el año 2.021, ampliando su formación en un despacho jurídico multidisciplinar, donde se mantuvo un tiempo tras la finalización del periodo de prácticas. Durante su paso por la universidad, también formó parte de la Clínica Jurídica de la misma. Desde el año 2019, ha venido ejerciendo labor docente, en el contexto de clases de refuerzo, en las materias de Derecho Financiero y Derecho Tributario, a alumnos de distintas universidades. Actualmente, opositor y amante de la divulgación jurídica al alcance de todos.

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