EL MAYOR PROBLEMA DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA
AD 58/2021
LA POLITIZACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL ESTÁ EN EL ORIGEN DE TODOS LOS PROBLEMAS DE LA JUSTICIA, PERO EL RETRASO DE ÉSTA ES EL MÁS EVIDENTE. PARA SOLUCIONARLO, NUESTRA CLASE POLÍTICA Y EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ESTÁN ARBITRANDO SOLUCIONES QUE, DE UN LADO, NO VAN A ARREGLAR UN PROBLEMA QUE ES ESTRUCTURAL, DERIVADO DE LA FALTA DE JUECES Y LA ALTA LITIGIOSIDAD QUE TENEMOS. Y, DE OTRO LADO, VAN A AFECTAR A LA CALIDAD DEL TRABAJO JUDICIAL, LLEVÁNDOLO HACIA SU BUROCRATIZACIÓN Y DAÑANDO LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA QUE RECIBIRÁN LOS CIUDADANOS.
THE POLITICIZATION OF THE GOVERNING BODY OF THE JUDICIARY IS AT THE ROOT OF ALL THE PROBLEMS OF JUSTICE, BUT ITS DELAY IS THE MOST OBVIOUS. IN ORDER TO SOLVE IT, OUR POLITICAL CLASS AND THE GENERAL COUNCIL OF THE JUDICIARY ARE FINDING SOLUTIONS THAT, ON THE ONE HAND, WILL NOT SOLVE A PROBLEM THAT IS STRUCTURAL, DERIVED FROM THE LACK OF JUDGES AND THE HIGH LEVEL OF LITIGATION THAT WE HAVE. ON THE OTHER HAND, THEY WILL AFFECT THE QUALITY OF JUDICIAL WORK, LEADING TO ITS BUREAUCRATIZATION AND DAMAGING THE EFFECTIVE JUDICIAL PROTECTION THAT CITIZENS WILL RECEIVE.
Palabras clave: Justicia, politización, retraso, Consejo General del Poder Judicial, tribunales de instancia, retribuciones variables, calidad, sentencias, confianza.
Key words: Justice, politicization, delay, General Council of the Judiciary, lower courts, variable remuneration, quality, sentences, trust.
Con tan contundente título, pretendo analizar cuáles son los problemas de la justicia española, pero, sobre todo, cuál creo va a serlo fundamentalmente en el futuro.
Si atendemos a lo que preocupa a los ciudadanos, la mayoría identifica dos males como los más acuciantes: el retraso de la Justicia y la politización de su cúpula.
Lo de la politización daría para varias entradas. Por resumir, yo entiendo que está detrás de todo lo que va mal en el panorama judicial español. Con la despolitización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ganaríamos un órgano centrado, no en las guerras de desgaste para nombrar a los altos cargos judiciales, según un intrincado juego de afinidades ideológicas y amistades (lo que se extiende a las docenas de cargos discrecionales no jurisdiccionales que dependen del CGPJ), sino un órgano constitucional volcado en mejorar la Justicia del país, que serviría de contrapeso a un poder ejecutivo y legislativo al que exigiría más y mejores inversiones en Justicia (para reducir la sobrecarga y el consiguiente retraso de los juzgados, por ejemplo), y que defendería al poder judicial de los distintos embates que el poder político le dirige de vez en cuando, en vez de ser su cómplice silencioso.
Pero esto que digo no va a cambiar en breve; es más, con las últimas reformas va a empeorar. Además, aunque es percibido como un grave problema por mucha gente, ello es en relación a cómo afecta a la apariencia de imparcialidad de los jueces. La generalidad de los ciudadanos no ve el problema en toda su dimensión porque, ciertamente, esa politización de los de arriba no afecta directamente al día a día de los juzgados y tribunales de trincheras.
El retraso de la Justicia, sin embargo, sí es algo más palpable para al ciudadano de a pie, tanto para el que acude a un juzgado, como para el resto de ciudadanos que están atentos a las redes sociales y observan, con pasmo, fechas de juicios tan lejanas en el tiempo que en verdad parecen viajes al futuro.
¿Y qué hacemos para paliar ese retraso?
Lo primero es identificar la causa.
Si atendemos a los datos del Comisión Europa para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa (CEPEJ), parece claro que, en relación con los países del entorno europeo, España tiene una alta litigiosidad y muy pocos jueces. El resultado parece inevitable: si hay muchos asuntos y pocos jueces para resolverlos, tenemos sobrecarga en los juzgados y, consecuentemente, lentitud[1].
El retraso en la Justicia española, por tanto, es un problema estructural, cuya solución pasa por lo siguiente:
a) Incentivar mecanismos alternativos de solución de conflictos, y así evitar que la única vía de resolución de problemas sea acudir a los juzgados[2].
b) Hacer reformas de las leyes procesales con cabeza y sentido, ahorrando trámites y favoreciendo la agilidad sin pérdida de garantías (promoviendo la verdadera oralidad, prescindiendo de recursos reiterativos, etc.).
c) Aumentar significativamente el número de jueces, al menos a corto y medio plazo, a fin de conseguir que haya más manos para abarcar la ingente cantidad de pleitos que hay en España.
TRIBUNALES DE INSTANCIA
Ahora bien, resulta que nuestros políticos, con el CGPJ de la mano, no están del todo convencidos de que haya un problema de falta de jueces y que esto sea la causa del retraso. Más bien, en contra de los datos que Europa nos arroja a la cara, creen que en España hay suficientes jueces, muchos de los cuales es verdad que trabajan mucho, pero que hay otros jueces que no trabajan tanto. En definitiva, están convencidos de que hay un desigual reparto del trabajo. Y que todo esto de la lentitud de la Justicia se arreglaría si se acomete una redistribución de esa carga laboral.
Apuntan, por tanto, a superar el actual sistema de organización de juzgados y tribunales, decimonónico y ciertamente desfasado, y sustituirlo por los llamados tribunales de instancia. La idea es acumular recursos humanos, jueces fundamentalmente, y, bajo la dirección de un presidente, distribuir entre ellos, por igual, el trabajo que corresponde a todos, al modo de una fiscalía.
Es cierto que los juzgados del país tienen distinta carga de trabajo, y que hay algunos que efectivamente tienen poca entrada de asuntos. Pero también es cierto que la mayoría sí recibe un exceso de litigios[3].
Así que, aunque sea con la forma de un tribunal de instancia, distribuir muchos asuntos entre los mismos pocos jueces, sigue siendo notoriamente poco eficaz.
Peor aún, será contraproducente.
En verdad, hablando en pura teoría, los tribunales de instancia sí podrían ser parte de la solución si se escoge un buen modelo y, además, se adoptan determinadas e imprescindibles salvaguardas[4]. Pero estamos hablando de una clase política que piensa que los jueces no trabajan lo debido y cuyo afán es fagocitar el poder judicial, así que estoy bastante seguro que la implantación de los tribunales de instancias supondrá retrocesos en cotas de independencia judicial y empeoramiento de la calidad de las resoluciones judiciales.
Pongamos un ejemplo. Según esta noticia[5], trescientos juicios se tuvieron que suspender por la baja de dos jueces. La idea que late detrás de los tribunales de instancia es que estas cosas no pasen, de forma que, mediante una reasignación de pleitos, de esos juicios se encarguen otros jueces del tribunal. Pero claro, el trabajo de un juez no es solo ir a juicio, luego hay que poner las sentencias. La consecuencia es que estos jueces pasan a estar (aun) más sobrecargados que antes, pues, además de sus asuntos, van a tener que sacar los del compañero enfermo. Y el juez sobrecargado, por desgracia, como cualquier profesional en su trabajo, lo que hará, además de trabajar más, es trabajar peor, esto es, se mirará los juicios más rápido para no atrasarse mucho, haciendo sentencias de peor calidad.
RETRIBUCIONES VARIABLES (PRODUCTIVIDAD)
También desde la política, y desde dentro del propio CGPJ, hay quienes sostienen que hay retraso en la Justicia porque, directamente, muchos jueces no sacan más trabajo pudiendo hacerlo[6]. Así que, para que trabajemos más, la solución que nos ofrecen es pagar más dinero a los que pongan más sentencias.
Es el sistema de retribuciones variables recientemente implementado por el CGPJ[7], con la complicidad del Ministerio de Justicia (MJU). El mismo fue recurrido por las asociaciones judiciales Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, pero el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos y avalado dicho sistema[8], por el cual aquellos que hagan más del 120 % de la carga fijada cobrarán la productividad, más productividad cuanto más sobrepasen dicho porcentaje.
Desde dentro de la carrera judicial, hay quienes ven bien este sistema productivista, como si el mismo fuese a premiar una foto fija. Pero no, pagar el desempeño judicial al peso pone en marcha una película que acabará mal.
¿Qué va a suponer este sistema?
Ya hemos dicho que la mayoría de juzgados españoles está sobrecargado. Muchos, haciendo lo de siempre, ya superan ese 120 %. Pero, para destacarse del resto y poder cobrar una buena productividad, van a tener que hacer aún más.
Ello, de primeras, va a suponer un aumento generalizado de la producción judicial: los jueces españoles vamos a poner más sentencias. Ya ocurrió cuando se implementó la productividad en el año 2004 (luego sería anulada por el Tribunal Supremo), así que no tenemos por qué esperar otra cosa. Además, el compromiso del MJU es aumentar el importe destinado a esta productividad, por lo que los jueces entraremos en una diabólica espiral para subir números.
Y, precisamente por ello, también habrá otras consecuencias.
En el colectivo judicial, el juez vago que no señala y casi no produce es una rara avis; el servicio de inspección del CGPJ suele identificar a estos jueces y sancionarlos. En nuestro mundo, el mal juez trata de mantener una producción judicial suficiente como para mantenerse bajo el radar de la inspección; simplemente, no “pierde el tiempo” estudiando los asuntos ni motivando las decisiones. Hace un mal trabajo judicial, frente al que el servicio de inspección nada puede hacer porque no puede valorar el contenido de las decisiones judiciales[9].
Así, incentivar económicamente a todos los jueces para poner más sentencias, va a tener un efecto irrelevante si trata de estimular a los jueces que de verdad hacen poco, debido a su escaso número. Pero va a tener un efecto negativo sobre el grupo de malos jueces que ni leen bien los escritos de las partes ni motivan bien sus decisiones. Si antes hacían 100 sentencias de aquella manera, cuando hagan 125 para cobrar la productividad no esperemos que de repente se paren a estudiar más detenidamente los asuntos o sean sentencias más motivadas. Este sistema productivista no va a transformar al mal profesional en un buen profesional. Se pueden poner más sentencias sin trabajar más, y así harán. Y serán, por tanto, sentencias más malas.
Pero aún será peor. Hay jueces que, no por mala praxis, sino por sobrecarga del juzgado, no tienen tiempo para mirarse con detenimiento los asuntos. Y otros que, a pesar de ello, o por no tener mucha carga, sí llegan a estudiar bien los pleitos y a motivar con gusto. Si estos jueces quieren cobrar una buena productividad, tendrán que sobrepasar y alejarse todo lo posible ese 120 % y, por tanto, señalar más juicios y poner más sentencias. Y ello será a costa, claro está, de su calidad.
El sistema productivista, por tanto, no va a acabar, ni con los jueces vagos ni con los malos profesionales. Y tampoco con el retraso de la Justicia, que ya hemos dicho que es estructural: muchos pleitos para pocos jueces. Sólo va a servir para para mejorar las estadísticas y, de paso, va a empujar a todos los jueces, los buenos, los malos y los regulares, hacia una nefasta burocracia judicial. Evidentemente, habrá quienes se resistan a ese empujón. Pero, como no es lo que el sistema quiere, la tendencia será que cada vez haya menos de estos jueces.
En definitiva, las medidas estrellas que vienen del poder ejecutivo y del CGPJ están llamadas a afectar al buen trabajo judicial y a la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos, que de este modo verán afectado su derecho a la tutela judicial efectiva.
Se dictarán más sentencias, pero también peores sentencias. Y, para mí, éste es el gran problema de la justicia española que está por venir.
De vez en cuando se oye a los abogados quejarse de lo poco que los jueces nos estudiamos los asuntos o los motivamos[10]. Pero existe el riesgo de que, en unos años, gracias a estas medidas, la degradación de la calidad de nuestras sentencias sea un hecho generalizado, con el consiguiente menos cabo de los derechos de los ciudadanos.
Y ello, aunque durante lustros pasará desapercibido para la mayor parte de la población, que no va juicios o, si va, se fija en otras cosas (el retraso de su asunto en particular, el trato personal que recibe, si gana o pierde, etc.), y solo leerá estadísticas que dicen que se suspenden menos asuntos y se ponen más sentencias, a la larga, cuando ya sea demasiado tarde, la degradación del trabajo judicial habrá horadado aún más la confianza de los ciudadanos en su Justicia, y esa confianza es sobre la que se sustenta un Estado de Derecho.
Y la que mide la salud democrática de un país.
Fernando Germán Portillo Rodrigo
22 de abril de 2021
[1] En 2018, según CEPEJ, España tenía 11,5 jueces cada 100.000 habitantes (11,9 según el CGPJ), frente a la media europea de 21,4. Bastante pocos, por tanto. A su vez, el CGPJ nos dice que en 2018 se ingresaron en España 6.279.302 asuntos, a repartir entre los 5.593 jueces que hay. La lentitud de la Justicia española, comparado con el resto de países europeos, también la refleja el CEPEJ en sus estadísticas. Se puede ver todo esto en los siguientes enlaces:
Dynamic database of European judicial systems (coe.int) (pinchad en “report”)
C.G.P.J – Justicia Dato a Dato (poderjudicial.es)
[2] Ello pasa por apostar por la mediación. Desde luego, con una insuficiente regulación de la mediación civil y una inexistente regulación de la mediación penal, convertirla en obligatoria, como parece que se va a hacer, no solucionará nada. En ese caso, dejará de ser una vía “alternativa” y pasará a convertirse en un trámite más para poder hacer como siempre: ir al juzgado.
[3] Según un estudio del Servicio de Inspección del CGPJ de septiembre de 2014, más del 75 % de los juzgados españoles trabaja por encima del límite establecido, casi la mitad (el 43 %) supera el 150 % de ese límite, y muchos sobrepasan el 200 %. Sólo un 20 % no llega al límite y es por razones estructuralmente especiales, como las salas de los TSJ, los juzgados de violencia de género o partidos judiciales de pequeños pueblos del interior (pag. 73 de la tesis doctoral del doctor en Economía Aplicada por la Universidad de Sevilla, D. Francisco Gutiérrez, “Gasto público y Funcionamiento de la Justicia en España entre 2004 y 2013”, https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39799/Tesis.%20Francisco%20Gutierrez%20L%C3%B3pez.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
[4] Básicamente, una Presidencia elegida por los propios jueces y al margen de todo nombramiento discrecional del CGPJ, respeto a los principios constitucionales de inamovilidad judicial y al juez ordinario predeterminado por la ley, y el compromiso de que el diseño resultante no suponga aumentos de las cargas de trabajo de los jueces, en detrimento de su salud.
[5] Justicia Suspendidos más de 300 juicios en Algeciras por la baja de dos jueces (europasur.es)
[6] Se trata éste de un discurso que solo se sostiene desde los prejuicios. Es como si se culpara a los médicos de las listas de espera en Sanidad. Los jueces, la mayoría, lo son por vocación, lo que presume ganas de trabajar y de hacerlo bien; aquí la estadística sobre las motivaciones para ser juez, C.G.P.J – Estadísticas (poderjudicial.es).
[7] Reglamento 2/2018, para el cumplimiento de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, aprobado por Acuerdo del Pleno del CGPJ de 29 de noviembre de 2018.
[8] STS 955/2020, de 8 de julio.
[9] En verdad, la Inspección puede sancionar una absoluta y manifiesta falta de motivación de las resoluciones judiciales (art. 417.15 LOPJ), pero la propia dicción literal del precepto deja claro que son supuestos verdaderamente extremos, siendo necesario, además, que esa falta de motivación haya sido apreciada en resolución judicial firme.
[10] Y ya en 2003, el último año en que el CGPJ realizó encuestas generales de satisfacción con la Justicia, según su página web, casi la mitad de los usuarios decía que el juez no conocía con profundidad su asunto y más de la mitad que no le dedicaba el tiempo adecuado (C.G.P.J – Encuestas para medir la calidad percibida por los usuarios que tienen relación con los Tribunales de Justicia (poderjudicial.es), cuadros 24, 25, 44 y 45)
Fernando Germán Portillo Rodrigo
Málaga, 1975
- Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, curso 93-98
- Aprobé las oposiciones a judicatura en 2005
- Actualmente destinado en el juzgado de lo contencioso-administrativo n3 de Melilla
- Juez Decano de Melilla
- Durante varios años miembro de la gestora de la asociación judicial Foro Judicial Independiente; actualmente su Vicepresidente Miembro de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial
- Colaborador de la Fundación Hay Derecho
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