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Introducción a la normativa de usura. Funcionamiento y características. A cargo de Robert Schuller.

AD 44/2022

Introducción a la normativa de usura. Funcionamiento y características.

RESUMEN

La ley de usura gracias a su flexibilidad goza de una mayor facilidad de adaptación a nuevas circunstancias. El objetivo de este artículo consistirá en analizar sus principales rasgos, de modo que se ofrezca una comprensión de su funcionamiento y de sus principales puntos contradictorios.

ABSTRACT

The usury law, thanks to its flexibility, enjoys a greater ease of adaptation to new circumstances. The objective of this article will be to analyze its main features, so as to offer an understanding of its operation and its main contradictory points.

PALABRAS CLAVE: Usura, elemento subjetivo y objetivo, préstamo, interés, acción de restitución

KEYWORDS: Usury, subjective and objective element, loan, interest, restitution action.

1.- Introducción.

La normativa sobre usura (Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, en adelante LU) es de masiva aplicación en los últimos tiempos. La característica de esta ley es que permite un control posterior de precios, más concretamente del interés retributivo según unos parámetros fijados en la LU. La RAE en su diccionario recoge distintas acepciones que pueden ilustrar el significado del concepto de usura, entre ellas: 1. Interés excesivo en un préstamo. 2. Ganancia, fruto, utilidad o aumento que se saca de algo, especialmente cuando es excesivo. 3. Interés ilícito que se llevaba por el dinero o el género en el contrato de mutuo o préstamo.

A raíz de la STS 628/2015 de 25 de noviembre, así como la STS 149/2020 de 4 de marzo, la jurisprudencia que se encuentra sobre la normativa de usura en los buscadores es ingente. Tal es así, que si se acude al buscador de jurisprudencia de Aranzadi, los datos que se extraen son los siguientes: para el año 2015 el buscador ofrece la cantidad de 34 sentencias en relación con la usura; 2016 unas 391 sentencias; en 2017 sigue la tendencia y aumenta a 516; 2018 con 681; 2019 con 1290; 2020 con 1995; 2021 con 2163 y 2022 a fecha de 14 de marzo con 85 sentencias.

Aunque los datos anteriores pudieran parecer considerables, cabe tener en cuenta que tan solo se ha aludido a una base de datos. También merece destacar que esta base de datos no recopila una gran cantidad de sentencias de primera instancia. Dicho lo anterior, la litigiosidad en relación con la LU es mayor de lo que puede arrojar una o varias bases de datos. De modo que dada la litigiosidad masiva respecto con esta norma, no sería nada descabellado equiparar a los casos de usura (más concretamente los supuestos de créditos revolving) a los pleitos en masa como los gastos bancarios, multidivisa etc.

El objetivo de este trabajo será múltiple. De un lado, servir de introducción a la LU en cuanto su ámbito subjetivo y objetivo, de otro delimitar los elementos más problemáticos, entre ellos la concurrencia o no del elemento subjetivo y objetivo. Otro hecho controvertido y que será citado será el del tipo de nulidad que abarca la LU, y si en verdad la acción de restitución pudiera ser imprescriptible. De modo que no solo se comprenderá el funcionamiento de la norma, sino que se pondrá también de relieve las amplias posibilidades a nuevas formas de préstamos que han surgido gracias a la tecnología.

  1. Ámbito objetivo y subjetivo de la norma.

Respecto del ámbito objetivo de la norma, este se encuentra recogido en el art.9 de la LU que dispone: “Lo dispuesto por esta ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sea la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido”.  Esto supone que la aplicación de la norma se dará en casos como las tarjetas de créditos, créditos revolving etc. Esto se debe porque en los supuestos anteriores se dan los siguientes elementos: un sujeto que entrega o pone a disposición de otro una cantidad de dinero, mientras que el sujeto que recibe esa cantidad vendrá obligado a devolver la misma más otra cantidad en concepto de intereses.

Un ejemplo de actualidad también merece ser traído a colación, siendo este el caso de los criptoactivos. Existen muchos protocolos que hoy en día permiten realizar préstamos mediante criptoactivos, uno de los casos más conocidos es el de Aave. Ahora bien, la pregunta que surge es: ¿podría aplicarse la LU a los criptoactivos?

Dos son las interpretaciones posibles. La primera de carácter restrictivo, debiendo entender aplicable la LU solo a aquellos casos en los cuales la operación similar al préstamo se haga mediante entrega de dinero. La segunda de ellas, parte de una concepción más amplia, entendiendo que los casos de aplicación serán aquellos en los cuales medie una operación similar al préstamo, pero que no necesariamente deba ser en dinero. Para aclarar esta afirmación resulta pertinente acudir Código civil. El art.1740 establece que: “Por el contrato de préstamo, una de las partes entrega a la otra, o alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se llama comodato, o dinero u otra cosa fungible, con condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, en cuyo caso conserva simplemente el nombre de préstamo” (el subrayado es nuestro). Por lo tanto, el argumento que se extrae del art.1740 es que para que resulte aplicable la LU la cosa ha de ser fungible. Sumado a lo anterior, se puede concluir que la LU será de aplicación cuando: exista una operación similar al préstamo, sea mediante cosas fungibles, y a cambio a parte de la devolución, tenga que existir también intereses como contraprestación.

En cuanto al ámbito subjetivo, la LU no limita su aplicación a unos sujetos concretos, sino que cualquier persona que sea prestatario podrá alegar los derechos que derivan de la LU. De forma que resultará aplicable esta normativa tanto a aquellas personas que utilicen la cantidad prestada para fines empresariales como para consumo.  También puede resultar útil de cara a delimitar la LU del TRLGDCU la lectura de las STSs: 406/2012 de 18 junio y 677/2014 de 2 diciembre.

  1. Del elemento objetivo y subjetivo.

Antes de entrar a analizar la cuestión sobre la concurrencia del elemento objetivo y subjetivo, convendría citar los tipos de negocios usurarios. Para vislumbrar los tipos de negocios usurarios, es necesario reproducir el art.1 de la LU:

Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

Será igualmente nulo el contrato en que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancias. Será también nula la renuncia del fuero propio, dentro de la población, hecha por el deudor en esta clase de contratos.”

La primera nota que se extrae de esta definición se basa en que el sistema español se caracteriza por ser uno subjetivo. Lo anterior supone que a diferencia de un sistema objetivo (donde el legislador establece un tipo máximo de intereses), el control de los intereses se efectúa por jueces mediante los elementos contenidos en la LU y definidos por la jurisprudencia.

Del artículo anteriormente citado, según la interpretación por la que se opte, se pueden extraer tres tipos de negocios usurarios o dos tipos de negocios usurarios. El análisis de este artículo partirá en primer lugar por establecer tres tipos de negocios usurarios, y a la hora de hablar de la concurrencia del elemento subjetivo y objetivo se aclarará la posibilidad sobre la existencia de dos tipos de negocios usurarios. Los tres tipos de negocios usurarios que establecemos son:

  1. Préstamos usurarios en sentido estricto (de carácter objetivo): este tipo de préstamo se deduce del primer inciso del artículo primero. La primera nota que se extrae es la referencia a un “interés notablemente superior al normal del dinero”. La jurisprudencia ha interpretado este concepto de modo que no puede equipararse a que la comparación ha de efectuarse con el interés legal, sino con el interés del producto concreto, del mercado o categoría a la que pudiera encajarse el préstamo concreto (véase las STSs 869/2001 de 2 de octubre y 149/2020 de 4 de marzo). Hoy en día, una de las opciones a las cuales puede acudirse para comparar el mercado es recurrir a las tablas del Banco de España (ahora bien, esto no significa que deba ser la única que vincule al juez, sino que también son válidas otras alternativas como el índice de ASNEF).

También hay que añadir que a lo hora de enjuiciar un caso, el interés notablemente superior debe presenciarse en el momento de suscribir el contrato. Debe aclararse que lo que se controla es el interés retributivo y no el de demora. Hoy en día a diferencia de etapas posteriores que se recurría a la TIN (tipo de interés nominal), a partir de la STS 628/2015 de 25 se ha consolidado la referencia al interés retributivo equiparándolo a la TAE (tasa anual equivalente).  Respecto de la diferencia entre TIN y TAE el Banco de España precisa que: “el TIN es el precio que la entidad cobra por prestar o que paga por depositar. La TAE incluye además del TIN, los gastos y comisiones asociados a los productos”.

En el caso de existir novación contractual con aumento del interés, se abren dos vías. La primera de ellas que el préstamo pudiera ser usurario desde el momento inicial en el cual se firmó el contrato. La segunda, que el contrato cumpla con los requisitos de la usura tras la novación. Esto último supone que la nulidad se declare desde que se produjo la novación, más todo lo anterior fuera válido (aunque ha habido casos en los cuales se ha declarado la nulidad también de lo anterior; véase por ejemplo la SAP Asturias 251/2020 de 1 de julio que corrige el criterio mantenido en primera instancia respecto la novación).

En cuanto a la segunda nota típica que aparece junto al interés notablemente superior, es que este ha de ser manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. Esto quiere decir, que se tomará en cuenta la presencia de alguna garantía, los riesgos, si se trata de un préstamo mercantil o de consumo, etc.

  1. Préstamos leoninos (subjetivos): aparece en el segundo inciso del artículo primero, de modo: “en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.

Respecto de este tipo, es trascendental que el hecho por el cual se cobre un interés excesivo se basa en la propia necesidad del prestatario. Las dificultades que entrañan estos supuestos en el S.XXI son cristalinas, pues los usuarios ya no acudirán a los préstamos para poder subsistir, sino que principalmente su uso se destinará a consumo de bienes o servicios que no les son imprescindibles para subsistir.

Un ejemplo de la dificultad que conlleva este tipo de negocio usurario se deduce de la mención que se extrae de la STS 734/2009 de 23 de noviembre, y es que en ella se manifiesta que: “El motivo se desestima porque aun siendo cierto la existencia de dificultades económicas al tiempo del contrato controvertido que se declaran probadas en la resolución recurrida y asimismo que no podían ser desconocidas por el Banco Pastor, S.A., ello no puede servir de base para apreciar que la operación se realizó con aprovechamiento de la situación angustiosa en orden a calificarla como usuraria…”. Es decir, puede existir el caso en el cual una persona sufra determinadas dificultades económicas a la hora de suscribir un préstamo, pero si no existe una intención por parte del prestamista de aprovecharse de esa situación, y por ende exigir un mayor tipo de interés, lo anterior sería inane.

  1. Préstamos falseados: son los que se recogen en el segundo párrafo del artículo primero, que dice: “el contrato en que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancias«. En estos supuestos el prestamista recibirá una mayor cantidad que la que entregó al prestatario.

Un caso contenido en la STS de 24 abril de 1991 puede aclarar la aplicación de este párrafo. Se firmó un contrato de préstamo. En el contrato figuraba como cantidad prestada 4.200.000 de pesetas, sin embargo, la cantidad realmente recibida fue 3.000.000 de pesetas. Esa diferencia entre lo establecido contractualmente y lo entregado supone lo que se conoce como préstamo falseado o fraudulento.

Una vez delimitados los tipos de negocios usurarios, corresponde traer a colación uno de los puntos más debatidos de la LU, que no es otro que la concurrencia del elemento objetivo y subjetivo. El dilema que se plantea es el de si han de concurrir cumulativamente los préstamos usurarios en sentido estricto y los leoninos. En el caso de afirmar la necesidad de concurrencia, a primera vista existe una consecuencia bien clara, que como tal se traduciría a una restricción de la aplicación de la LU.

En la actualidad, la doctrina más moderna defiende que ambos elementos han de concurrir cumulativamente. Entre los autores que mantienen esta tesis estarían: SÁNCHEZ GARCÍA, AGÚERO ORTIZ y ORDUÑA MORENO, entre otros.

En la doctrina más clásica se sostuvo lo contrario. Los autores que defendieron que no es necesario la concurrencia del elemento subjetivo y objetivo son los siguientes: DÍEZ PÍCAZO y GULLÓN, ALBALADEJO, CASTÁN, DE ÁNGEL YÁGÜEZ, entre otros.

En la jurisprudencia del TS en la mayoría de las sentencias se sostiene que no es necesaria la concurrencia de ambos elementos para poder alegarse la usura. Sobre la no concurrencia de ambos elementos, un ejemplo se puede extraer de la STS 422/2002 de 7 de mayo, se fija en esa sentencia que: “El párrafo 1º del art. 1 determina la nulidad de todo contrato de préstamo en que se estipule «un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso». Declarado por la sentencia recurrida que el interés pactado era «notablemente» superior al normal del dinero, es lógica su deducción de que era manifiestamente desproporcionado también con las circunstancias del caso, dado que la recurrente no corría riesgo alguno…”.

Por el otro lado, merecen ser traídas también a debate las STSs 406/2012 de 18 junio y 677/2014 de 2 diciembre. Debe decirse al respecto, que en la STS 628/2015 de 25 noviembre se dijo al sobre estas dos sentencias que: “Cuando en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio , y 677/2014 de 2 de diciembre , exponíamos los criterios de «unidad» y «sistematización» que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado. Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley”.

Lo curioso es que con posterioridad el ponente de dichas sentencias, en un artículo («La STS 149/2020, de 4 de marzo (Tarjetas revolving): una desafortunada sentencia con más sombras que luces«, Revista Aranzadi Doctrinal num.4/2020), escribió lo siguiente al respecto: “Pues bien, en este contexto, la Ley Azcárate, de 23 de julio de 1908, párrafo primero del  art. 1  , no da lugar a la duda o a la vacilación pues dispone, con claridad meridiana, la exigencia del presupuesto subjetivo para su correspondiente aplicación, en los siguientes términos: «Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.»(la negrita es nuestra).

Es por eso, que en la citadas  SSTS 406/2012, de 18 de junio  (RJ 2012, 8857)  y 677/2014, de 2 de diciembre, se destaca, de forma preeminente, que una de las diferencias capitales en la aplicación de la  Ley de Usura  (LEG 1908, 57)  con relación a los controles que se derivan de la protección de los consumidores es, precisamente, la exigencia de valoración del presupuesto subjetivo del caso (situación angustiosa del prestatario, inexperiencia del mismo o limitación de sus facultades mentales) para poder «estimar» (resolver) que un crédito resulta usurario.”

Claramente se denota que la intención del ponente fue otra, pero, la STS del año 2015 no interpretó eso debido a la falta de claridad de las STSs del año 2012 y 2014. Debe precisarse que hoy en día carecería de todo sentido exigir la concurrencia de ambos elementos, pues esto se debe a varios factores. Uno de ellos se concibe porque las personas utilizan los préstamos, ya no para situaciones de angustia, sino para consumo, o para adquirir bienes o pagar servicios para los cuales no se dispone del suficiente capital.

Con lo cual, de prescindir de esta flexibilidad normativa, hoy en día la normativa de usura sería inoperante. Ahora bien, dada la inseguridad jurídica existente, pudiera cambiarse por un sistema objetivo en vez de uno judicial.

  1. Nulidad ¿Acción restitutoria imprescriptible?

Comienza el art.3 de la LU con el siguiente contenido: “Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado”.

La primera incógnita que se puede plantear es el tipo de nulidad que contiene la LU: ¿hay nulidad radical, anulabilidad o nulidad especial? Quizás, lo más correcto sería sostener que se trata de una nulidad especial o atípica; esto se debe por los siguientes motivos.

El primero de ellos, es que la apreciación de la nulidad en los casos de usura no puede realizarse de oficio por parte de los tribunales, este argumento se deduce de la STS 921/2007 de 4 de septiembre, en la cual se sostiene que: “La nulidad de que estamos tratando no puede ser declarada de oficio”.  El segundo de ellos consiste en la devolución por parte del prestatario tan solo del capital recibido.

Lo dispuesto en el art.3 LU, se traduce en que se tendrá que devolver el capital recibido, pero no los intereses; en caso de haberse abonado ya el capital y los intereses, el prestamista estará obligado a devolver estos al prestatario. Hay que remarcar que el prestatario deberá devolver esa cantidad inmediatamente tras sentencia firme, lo mismo que el prestamista.

Una cuestión de mayor enjundia es la relativa a si la nulidad es imprescriptible, o al contrario prescribe la acción de restitución, pero no la acción declarativa.  Si se optase por la opción en la cual se sostiene que la acción de restitución prescribe, como consecuencia se abriría otro dilema. Este sería el relativo a la fijación del dies a quo de la acción de restitución, es decir, a partir de qué momento empieza a correr el plazo de prescripción de la acción restitutoria.

Si se escogiese la solución en la cual la nulidad es imprescriptible, la consecuencia supondría que en cualquier momento podría solicitarse la nulidad y la consiguiente restitución del préstamo. Un ejemplo puede resultar clarificador, se podría solicitar la nulidad y devolución de lo indebido incluso treinta años después de finalizar la relación contractual, pues según esta teoría aquello que es nulo nunca prescribe.

Mayor moderación supondría optar por la opción en la cual la acción de restitución prescribe. Para esta opción y con el fin de establecer el plazo de la acción de restitución, lo que corresponde es acudir al artículo 1964.2 del Código civil (pues la LU no establece un plazo concreto), este artículo refiere que: “Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan”. Además, debe tenerse en cuenta el art.1930.2 del CC, que dispone: “También se extinguen del propio modo por la prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean”.

Ahora bien, para aclarar la situación anterior, también se abren distintas vías para poder concretar el nacimiento de la acción de restitución y la posibilidad de su ejercicio. Entre las posibilidades, se podría considerar lo siguiente:

  1. El comienzo del cómputo del dies a quo del plazo de restitución sería tras la sentencia que declara la nulidad del préstamo.
  2. Que el plazo comience a contar desde el día que se celebró el contrato de préstamo.
  3. Por otro lado, que el comienzo del cómputo empiece desde que se pagaron indebidamente cada una de las cantidades.

El primer supuesto se caracteriza por ofrecer una opción más proteccionista para el prestatario, pero que no obstante de facto conduciría a la imprescriptibilidad de la acción de restitución.

La segunda opción en cambio supondría una clara ventaja para el prestamista, pero a su vez una desprotección para el prestatario.

La tercera, puede ser quizás más equilibrada, pero genera también una dificultad en cuanto al cálculo en relaciones contractuales de larga duración.

A lo anterior, se le suma otra circunstancia de relevancia, y es la necesidad del conocimiento por parte del acreedor. Este hecho ha de conectarse con el art.1969 del CC: “El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse”. Hoy en día, se tiende a interpretar este artículo en clave subjetiva. Resulta interesante aclarar que de la interpretación del artículo se extrae que el conocimiento se circunscribe a los hechos, y no a los derechos para que el plazo de prescripción comience a correr.

Un ejemplo puede clarificar lo anterior. DEL OLMO defiende que el plazo de prescripción en materia de créditos revolving comenzaría a computarse tras la publicación de la STS 628/2015 de 25 de noviembre. Manuel Jesús MARÍN LÓPEZ dice que esta tesis es incorrecta, pues “pues el conocimiento (real o potencial) exigible para que empiece a correr el plazo prescriptivo es sobre hechos, y no sobre derechos”.

Si acudimos a la jurisprudencia, vemos que en materia de créditos revolving se mantienen varias posturas respecto del cómputo del dies a quo. Por ejemplo, en la SJPI de Sevilla (n.25) 108/2021 de 26 abril se dice que: “En cuanto al cómputo del plazo, el artículo 1964   del Código Civil dispone que se contará desde que pudiera ejercitarse la acción. Existen también diversas posibilidades. No comparte esta juzgadora la opción de que el plazo de prescripción de la acción de restitución comience desde el momento en que la sentencia declara la nulidad de la concreta cláusula del contrato por cuanto ello supondría una mera versión de que la acción sea imprescriptible al igual que la de nulidad. Tampoco consideró acertada la postura que pospone el dies a quo a la fecha de la primera Sentencia del Tribunal Supremo que se pronunció sobre la nulidad de la cláusula de gastos, por ejemplo la nulidad de los intereses moratorios por usurarios en las tarjetas de crédito revolvíng , tal y como ha considerado la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 1 de febrero de 2018

Descartadas las anteriores opciones, si la acción de nulidad puede ejercitarse desde el día siguiente a la celebración del contrato, la acción de restitución puede ejercitarse a partir de que el consumidor efectuó prestaciones a favor del empresario en virtud de la cláusula abusiva y nula, esto es, a partir del momento en que realizó los pagos indebidos…”.

Una interpretación totalmente contraria se extrae de la SAP Valencia (Secc.8ª) 30/2020 de 3 marzo: “Consideramos por ello como usurario el crédito » revolving » en el que se estipuló un interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, sin que concurra ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado. Dicho carácter usurario conlleva su nulidad, que ha sido calificada por el TS tanto en la sentencia del Pleno de 2015 como en la precedente de 14 de julio de 2009  (RJ 2009, 4467)  como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva”.

Lo anterior conlleva a una discordancia notoria según en que zona del territorio español se ejercite una acción de nulidad de un préstamo. Es decir, algunos prestatarios gozarán de mayores posibilidades al no contar con un plazo de prescripción, mientras que otros se verán más limitados por el plazo de prescripción y su cómputo.

  1. Conclusiones
  1. La LU goza de una amplia flexibilidad en cuanto a su interpretación y aplicación. No obstante, también se ha observado en los últimos años que los criterios en cuanto a su aplicación no son unánimes, pues distintas Audiencias provinciales y Juzgados de primera instancia mantienen notorias diferencias sobre la LU. Esto ha supuesto la generación de una considerable inseguridad jurídica, con lo cual también ha suscitado la posibilidad de un cambio hacia un sistema objetivo.

 

  1. La protección que abarca la LU es amplia, pues no restringe su aplicación a un campo concreto, bastando la existencia de una figura similar al préstamo para su aplicación. Esto permite también su adaptación a nuevos tipos de préstamos que se realicen mediante nuevas formas tecnológicas.

 

  1. Hoy en día es unánime la jurisprudencia por la cual se interpreta que no deben concurrir el elemento objetivo y el subjetivo previstos en el art.1 de forma cumulativa. Se trata de una interpretación correcta, pues de lo contrario supondría reducir la aplicación de la LU y por ende, una mayor desprotección a los prestatarios.

 

  1. La normativa de usura debido a su flexibilidad padece también de una serie de inseguridades. El caso es no saber si la acción de restitución es imprescriptible. Por el otro lado, de afirmarse que existe prescripción de la acción de restitución, surgiría otra incógnita. La incógnita sería desde qué momento empezaría a contarse el plazo de prescripción. Igualmente, sobre este tema tampoco existe unanimidad entre la doctrina y la jurisprudencia.

Robert Reinhart Schuller

21 de abril de 2022.


BIBLIOGRAFÍA

MARÍN, M.J., “La prescripción de la acción de restitución de cantidades tras la nulidad de un crédito usurario revolving”, Revista CESCO de Derecho de consumo, Nº38/2021.

ORDUÑA MORENO, J., «La STS 149/2020, de 4 de marzo (Tarjetas revolving): una desafortunada sentencia con más sombras que luces», Revista Aranzadi Doctrinal num.4/2020.

JIMÉNEZ MUÑOZ, F.J., La Usura: Evolución Histórica y Patología de los intereses., Dykinson, Madrid,2010.

Banco de España, “Tipos de interés”, disponible en:

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/.


JURISPRUDENCIA

SJPI de Sevilla (n.25) 108/2021 de 26 abril.

STS 149/2020 de 4 de marzo.

SAP Valencia (Secc.8ª) 30/2020 de 3 marzo.

STS 628/2015 de 25 de noviembre.

STS 677/2014 de 2 diciembre.

STS 406/2012 de 18 junio.

STS 734/2009 de 23 de noviembre.

STS 921/2007 de 4 de septiembre.

STS 422/2002 de 7 de mayo.

STS 869/2001 de 2 de octubre.

STS de 24 abril de 1991.


Graduado en Derecho y en el Máster de Acceso a la abogacía. En la actualidad sus investigaciones se centran en blockchain y la protección de los consumidores.

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