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“Un Justicia de Aragón social” a cargo de Ángel Dolado, Justicia de Aragón.

Abstract:

El Justicia de Aragón es una Institución histórica nacida en 1265, y disuelta  por Decreto Real en 1711. 

En 1982 fue recuperada como una de las cuatro instituciones básicas de autogobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El actual titular de la Institución, desgrana la historia de la misma, su entronque con las funciones actuales y el carácter que durante su mandato quiere imprimir a su actividad.

Palabras clave:

  • Justicia de Aragón
  • Derecho Foral
  • Grueges
  • Justicia social


UN JUSTICIA DE ARAGÓN SOCIAL

Para un aragonés, intentar explicar la dimensión de la figura del Justicia de Aragón como referente histórico y como institución aragonesa no es tarea fácil.

Y es que se trata de una institución que, a juicio de su primer titular de la época moderna, Emilio Gastón: “despierta evocaciones históricas y emocionales tan intensas para esta tierra que es difícil conseguir una visión desapasionada de la misma”.

Nos encontramos ante una figura histórica aragonesa prestigiosa, fundamental en la configuración del reino de Aragón y considerada como símbolo del sentimiento foral y del aragonesismo a partir del siglo XV y fundamentalmente a finales del siglo XVI y durante los siglos XVIII y XIX, impregnada del romanticismo.

No obstante, durante el siglo XV, el Justicia Mayor llegó a ser juez de contrafuero, mediador entre el Rey y los aragoneses, defensor del ordenamiento foral, tutor de los presos acogidos al Proceso de Manifestación, presidente de las Cortes en ausencia del Rey, encargado de recibir juramento a los Reyes, y garante de la consolidación del modelo político que constituyó el Reino de Aragón.

Y sus orígenes, aunque fechados en las Cortes de Ejea de 1265, se remontan hasta la Leyenda de los Fueros de Sobrarbe, donde se dice que antes de elegir un rey, un “primus inter pares”, se eligió un juez medio que velara por la relación de este con los nobles y el respeto a las leyes o fueros que se habían dado.

De ahí, que en Aragón se diga que “antes hubo leyes que reyes” o que Joaquín Costa dijera que a Aragón lo define “su Derecho”.

Todo este entramado institucional y la normativa propia del Reino de Aragón desapareció con los Decretos de Nueva Planta de 1711, quedando únicamente en vigor el Derecho Civil propio o Foral, que conservamos hasta nuestros días y que continua en vigor con las modificaciones que las modernas Cortes de Aragón han venido realizando en su función de cámara legislativa autonómica.

Con la obtención de la Autonomía en 1982 y la articulación del Estatuto de Autonomía de 1982, se reinstauró la figura del Justicia de Aragón, de tal forma que, en palabras de uno de sus ponentes, el prestigioso notario aragonés Jose Luis Merino, se recuperaba con sus actuales funciones, aquellas que tuvo en su época de mayor trascendencia.

La protección y defensa de los derechos de los ciudadanos es una plasmación moderna de la misión histórica del Justicia cuando, en cada sesión de Cortes, comenzaban sus miembros poniendo de manifiesto al rey los «greuges» o quejas que los diversos estamentos ciudadanos tenían contra el propio monarca y sus funcionarios.

Y no sólo una defensa de derechos individuales sino, recordando esa actuación del pasado, también de derechos colectivos, es decir, de los derechos de aquellos sectores de la sociedad que más necesitados pueden encontrarse de una especial asistencia: menores, tercera edad, disminuidos, inmigrantes y toda clase de sectores marginados o vulnerables.

Estas son sin duda funciones desarrolladas por los actuales Defensores del Pueblo u Ombudsman, figura nacida en Suecia, pero que, a juicio de no pocos autores, sitúan a nuestro Justicia como antecesor remoto de dicha función por lo antes expuesto.

Pero lo que diferencia a nuestra Institución de otras que pudieran ser análogas en otros territorios es la condición de institución básica de autogobierno que comparte con el Presidente, las Cortes y el Gobierno o Diputación General.

Así mismo, tanto el Estatuto como la Ley reguladora del Justicia le encomiendan dos funciones específicas y singulares que entroncan con las históricas atribuciones del Justicia como son la tutela del ordenamiento jurídico aragonés , o sea, del elenco de normas positivas propias, públicas y privadas; un ordenamiento hoy recuperado en toda su extensión merced al nuevo sistema autonómico y las facultades legislativas que el Estatuto confiere a las Cortes, así como la  defensa del propio Estatuto como «norma institucional básica» en la que se fundamenta todo el entramado autonómico de la Comunidad.

En el desarrollo de su misión hoy el Justicia de Aragón debe velar por la tutela del Estatuto aragonés frente a cualquier vulneración, tanto externa como interna, como antaño era el garante de la defensa y cumplimento de Fueros y Observancias.

Todo ello hace que, a día de hoy, la Institución sea profundamente querida y respetada por el conjunto de la sociedad aragonesa que, no solo ve en ella, sus funciones como entidad defensora de la ciudadanía frente a los posibles abusos o irregularidades de las administraciones públicas aragonesas, sino que reconocen en su función la sucesión histórica de la figura del Justicia o Justiciazgo como garante de los derechos y libertades de los aragoneses como pueblo.

Por ello, y teniendo en cuenta el marcado carácter personal que a la misma se le aplica desde su reinstauración, cuando el pasado mes de abril de 2018 tuve la confianza de las Cortes de Aragón para cumplir con las obligaciones del cargo, tuve claro cuál era la línea que quería que marcara mi mandato al frente de la misma: un Justicia Social.

En una sociedad convulsa como la actual, la ciudadanía le exige que con el peso de la Historia y desde la perspectiva del S. XXI, se procure una proactividad como justicia social, no político.

Que genere confianza, tenga reputación, que no notoriedad, que mantenga la casa institucional abierta a los aragoneses más necesitados: menores, discapacitados, jubilados, jóvenes en el extranjero, mujeres víctimas de violencia de género, migrantes, refugiados, extranjeros, personas en exclusión social, etc. y una real preocupación por la protección de los derechos y libertades que nuestro estatuto de autonomía da a los aragoneses, con especial atención a los temas de medio ambiente.

Por ello, en este año hemos trabajado mucho en dos materias, motivo de preocupación de amplios sectores de la población y que han sido tratados mediante un Informe especial y una mesa de trabajo.

En primer lugar, el Informe Especial sobre la situación de la provincia de Teruel, dirigido y coordinado por el primer Lugarteniente de la historia moderna, Javier Hernández, y en el que se analizan las potencialidades y carencias de Teruel y provincia, y posibles soluciones al tema de la despoblación.

En segundo lugar, la situación de nuestros mayores en situación de soledad no elegida ha sido epicentro de una mesa de trabajo, que hemos querido denominar “Mesa del Justicia”, pues hemos reunido en torno a nuestra Institución a cuantos agentes sociales, políticos y económicos venían trabajando en la materia con el fin de compartir información, experiencias y, sobre todo, coordinar la actividad de todas ellas en nuestra Comunidad.

Por último, otros retos ya iniciados son la asunción de la Defensoría del Menor en el seno del Justiciazgo, la potenciación de la mediación o el compromiso proactivo con las entidades del tercer sector que luchan por ejemplo contra los Trastornos de Conducta Alimentaria.

Por delante quedan cuatro años de desarrollo del trabajo que nos deben llevar a construir nuevos puentes entre administración y administrados, entre los aragoneses y sus instituciones, en el objetivo común de crear una sociedad mejor cada día.

Ángel Dolado, Justicia de Aragón

Zaragoza, 3 de mayo de 2019


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Breve reseña biográfica del autor

Nació en Soria en 1962, aunque a los tres años su familia se trasladó a Zaragoza.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza en 1985, en 1990 aprobó las oposiciones a secretario judicial, fiscal y juez, ejerciendo finalmente de esto último y quedando en excedencia en los otros puestos.

Ingresó en la carrera judicial en marzo de 1990, ejerciendo en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Balaguer.

Tras pasar por los juzgados de ReusTarragona y Lérida, se incorporó en 1998 a los juzgados de Zaragoza, en concreto al juzgado de 1ª Instancia nº2

En 2008 fue elegido Juez Decano de Zaragoza, siendo reelegido en 2012 por unanimidad, hasta 2017

Su último destino en los juzgados de Zaragoza fue como Juez de Familia del nº5 hasta el 19 de abril de 2018.

Presidente de Foro Judicial Independiente hasta 2013, ha recibido entre otras, la Medalla al Mérito Social Penitenciario, la de Plata de la Policía Local de Zaragoza, Procurador de Honor del Colegio de Zaragoza y la Medalla al Mérito en el Servicio a la Abogacía, siendo la primera que ha otorgado el Consejo General de la Abogacía Española a un juez.

Experto en Derecho Foral Aragonés. Ha dado clases de Derecho Procesal como Profesor Asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.

Ha impartido numerosas conferencias y cursos sobre temas de derecho foral aragonés, procesal civil y derecho de consumo, así como de mediación y arbitraje.

El 20 de abril de 2018 tomo posesión como 70º Justicia de Aragón de la historia.

 

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