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Productos y Servicios Defectuosos. Parte I. A cargo de Judith Martín.

AD 79/2021

PRODUCTOS Y SERVICIOS DEFECTUOSOS. PARTE I.

¡ESTO NO ES LO QUE HABÍA COMPRADO!

I.- INTRODUCCIÓN.

Quién no oyó hablar de esos móviles cuya batería se recalentaba y explotaba, o sobre esas sandalias que provocaban importantes quemaduras, o sobre esa pareja que vio truncada su luna de miel porque el hotel era de una categoría muy inferior a la contratada. Pues bien, nuestras compras no siempre son lo que esperábamos.

En algunas ocasiones, los productos que compramos o los servicios que contratamos tienen algún defecto que puede habernos provocado un daño, tanto material como personal, y que es reclamable. Pero no solo tendremos derecho a reclamar la sustitución por un nuevo producto en buen estado o a la devolución y reembolso del precio pagado, sino que también podremos solicitar una indemnización en caso de que el daño producido sea consecuencia del defecto del que adolecía el producto o de la inadecuación o mala ejecución del servicio prestado.

En este artículo voy a centrarme en los productos defectuosos, dejando para otro momento los aspectos más relevantes a tener en cuenta ante servicios defectuosos.

II.- PALABRAS CLAVE.

  • Consumidores y usuarios
  • Productor – Proveedor
  • Productos defectuosos
  • Indemnización
  • Daños y perjuicios
  • Daño material – Daño personal
  • Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios (TRLGDCU)

III.- CONCEPTO DE PRODUCTO DEFECTUOSO.

Establece el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante TRLGDCU) que, “son derechos básicos de los consumidores y usuarios y de las personas consumidoras vulnerables:

  • La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad.
  • La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.
  • La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos.
  • La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute”.

En este sentido, conforme establece el artículo 135 del TRLGDCU, los productores serán responsables de los daños causados por los defectos de los productos que, respectivamente, fabriquen o importen. Ahora bien, ¿cuándo podemos considerar que un producto es defectuoso?

Dice el artículo 137 del TRLGDCU que se entiende por producto defectuoso “aquél que no ofrezca la seguridad que legítimamente cabría esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias y, especialmente, su presentación, el uso razonablemente previsible del mismo y el momento de su puesta en circulación”, y, en todo caso, aquél que “no ofrece la seguridad normalmente ofrecida por los demás ejemplares de la misma serie”. Por lo tanto, cuando el producto adquirido no cumpla, al momento de su puesta en circulación, con unos mínimos de seguridad en relación con las características del producto y el uso que se le va a dar, y pueda suponer un riesgo previsible para las personas, podremos considerarlo defectuoso y, si nos produce un daño material y/o personal, podremos reclamar una indemnización.

Pero ¿cualquier defecto puede conllevar la responsabilidad del productor por los daños y perjuicios causados? No. En concreto, los productores no responderán de los daños ni tendrán obligación de indemnizar si el defecto no existía en el producto cuando este se puso en circulación -es decir, que el defecto provenga del uso o mal uso del bien imputable al consumidor-, que se trate de un producto defectuoso que no ha sido puesto en circulación por su productor o que no ha sido fabricado para la venta, que el defecto se deba a que el producto fue elaborado conforme a normas imperativas existentes o que el estado de los conocimientos técnicos y científicos existentes en el momento de su puesta en circulación no permitía apreciar la existencia del defecto (artículo 140 del TRLGDCU). En este sentido, Sentencia del Tribunal Supremo número 105/2021, de 1 de marzo de 2021, que con mención a sus anteriores sentencias número 495/2018, de 14 de septiembre y número 545/2010, de 9 de diciembre, delimita el concepto de producto defectuoso y la consiguiente generación de responsabilidad.

IV.- ACREDITACIÓN DEL DEFECTO, DEL DAÑO Y DE LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE AMBOS:

El régimen de responsabilidad por productos defectuosos, no se basa en acreditar el dolo o culpa del productor a la hora de fabricar, diseñar o comercializar el producto, sino que, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2010, “el carácter defectuoso del producto, al que se liga el nacimiento de la responsabilidad, responde a circunstancias de carácter objetivo». Es decir, que el consumidor perjudicado ha de acreditar que el producto es defectuoso y que, como consecuencia de ese defecto, el producto ha causado un daño. Así lo establece el artículo 139 del TRLGDCU cuando dispone que «El perjudicado que pretenda obtener la valoración de los daños causados tendrá que probar el defecto, el daño y la relación de causalidad de ambos«.

Dado que no es nada sencillo acreditar que un defecto concreto ha sido el causante del daño, resulta de interés tener en cuenta lo declarado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2007, cuando dice que podrá concluirse que un producto es defectuoso sobre la base de presunciones:

«A la convicción y, por ende, demostración de que un producto es defectuoso, se puede llegar, en ausencia de pruebas directas, a través de la prueba de presunciones, habida cuenta que, en muchas ocasiones, como sucedió en el presente caso, el daño se produce por la destrucción del propio producto, con lo que se imposibilita, a su vez, el análisis del mismo. De este modo, habiéndose declarado probado que la explosión no tuvo su origen en defectos de almacenamiento o manipulación, resulta razonable concluir que el producto adolecía de la falta de seguridad que cabía esperar, y por lo tanto que era defectuoso, en el sentido del artículo 3 de la Ley 22/1994 ; sobre todo a la vista de las especiales características de seguridad que deben tener los productos pirotécnicos, a lo que se ha de añadir la falta de información al usuario de los cohetes, pues no se acreditó que a los mismos se acompañaran las pegatinas con las instrucciones de uso».

Y añade:

«Como señaló la sentencia de esta Sala de 19 de febrero de 2007 , con cita de la sentencia de 21 de febrero de 2003 «el concepto de defecto que recoge la Ley, siguiendo la Directiva Comunitaria 85/374/CEE, de 25 de julio de 1985, que incorpora la experiencia de Estados Unidos en la materia de productos «liability», resulta flexible y amplio, y, al no concurrir factores subjetivos, la seguridad se presenta como exigencia del producto, pues se trata de un derecho que asiste a todo consumidor en cuanto que el producto puede ser utilizado sin riesgos para su integridad física o patrimonial. La existencia del defecto resulta del concepto que del mismo establece la Ley 22/1994 y ha de relacionarse necesariamente con la seguridad que el producto debe ofrecer, y, si esto no sucede, impone considerar al producto como defectuoso»; esta misma sentencia de 19 de febrero de 2007 resalta como el artículo 5 de la Ley 22/1994 impone al perjudicado la obligación de probar el defecto.

Ahora bien, no es necesaria la prueba del concreto defecto que haya producido el daño, siendo suficiente acreditar su existencia, aunque no se pueda determinar la clase del mismo; habrá de convencer al juzgador de que el producto era inseguro. En definitiva, como dice la sentencia de 26 de mayo de 2003, la base en que reposa la responsabilidad del fabricante, en la Ley 22/1994, no está en el mero hecho de fabricar artilugios, sino porque el daño ocasionado se debe a defectos de fabricación de los mismos».

V.- ¿A QUIÉN PODEMOS EXIGIRLE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS?

El artículo 135 del TRLGDCU es muy claro cuando dice que los productores serán responsables de los daños causados por los defectos de los productos que, respectivamente, fabriquen o importen.

Por lo tanto, si, por ejemplo, nuestro ordenador se ha sobrecalentado y ha explotado a los cuatro días de comprarlo como consecuencia de un defecto de fabricación, no podremos reclamar a la tienda donde lo compramos (salvo que sea fabricante del mismo), ni al proveedor o distribuidor que nos lo ha traído a casa, puesto que el distribuidor no tiene la posibilidad de intervenir en la fabricación del producto ni en la supervisión e inspección de los bienes (sin perjuicio de las dos excepciones siguientes).

Con la apertura del comercio internacional puede llegar a resultar bastante complicado para un consumidor identificar al productor. Es por ello que a esos productores o importadores se suman los proveedores del producto cuando, desconociéndose el fabricante o importador, y pasado un plazo de tres meses, aquéllos no indiquen la identidad del productor, importador o de quien les hubiese suministrado o facilitado a ellos dicho producto (artículo 138.2 del TRLGDCU). Sobre este extremo se pronuncia el Tribunal Supremo en su Sentencia 34/2020, de 21 de enero:

<<Como excepción a la regla general de la responsabilidad del productor, el art. 3.3 de la Directiva 85/374, y en nuestro Derecho interno, el art. 138.2 TRLGDCU, introducen una regla especial para el supuesto de que el productor, el fabricante por lo que interesa en este proceso, «no pueda ser identificado». En tal caso, el proveedor responderá como productor, como si fuera el fabricante»…La finalidad del art. 3.3 de la Directiva 85/374 y del art. 138.2 TRLGDCU es facilitar la indemnidad de la víctima en el supuesto a que se refieren las normas, esto es, cuando «el productor no pueda ser identificado». Las normas presuponen que el suministrador puede fácilmente identificar al productor o a quien le suministró a él el producto y, de esta forma, imponen al suministrador la carga de proporcionar tal información a la víctima con el fin de que pueda dirigir su reclamación contra el productor. Así se explica fácilmente la consecuencia que tiene para el suministrador de un producto defectuoso que no informa a la víctima de la identidad del productor, a saber, la responsabilidad de ese suministrador como si fuera productor.

Esta regla presupone también que la víctima, o el perjudicado, no conocen quién es el productor, aunque ni el art. 3.3 de la Directiva 85/374 ni el art. 138.2 TRLGDCU precisan el grado de diligencia exigible a la víctima para identificarlo.

Atendiendo a la finalidad de la norma, debe entenderse que no es precisa una imposibilidad absoluta de identificación del productor, sino que, en función de las circunstancias del caso concreto, bastará con que a la víctima no le resulte posible de una manera razonable identificar al productor. Estas circunstancias dependerán de cada caso, puesto que los supuestos por los que puede no estar identificado el productor son, de hecho, muy diferentes (el producto se comercializó a granel, se destruyó con el siniestro, existen complejos entramados societarios entre todas las empresas que intervienen en la producción y distribución de los productos, etc.)”.

Por lo tanto, para que al proveedor no se le impute responsabilidad por un producto defectuoso, deberá identificar con exactitud y concreción, en el plazo de tres meses, al productor o suministrador, sin que quepa la posibilidad de que pueda eximirse con la mera alegación de no ser el productor.

Asimismo, el proveedor responderá como si fuese productor cuando hubiese suministrado el producto a sabiendas de la existencia del defecto (artículo 146 del TRLGDCU). Tal disposición se basa en la teoría de los vicios del consentimiento, de tal manera que, quien aun a sabiendas de que el producto es defectuoso, lo vende, responderá por los vicios ocultos de los que el producto adolecía y sobre los que no se advirtió al comprador.

VI.- INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS POR PRODUCTO DEFECTUOSO.

Finalmente, hemos de tener en cuenta que existe un límite a la responsabilidad de los productores y, en su caso, proveedores de los productos defectuosos.

En primer lugar, hay que tener presente que no son indemnizables, por vía de la reclamación por productos defectuosos ejercitada como consumidor, los daños materiales causados en el propio producto. Es decir, si nuestro ordenador se sobrecalentó y explotó, no cabrá reclamar los daños que el propio ordenador ha sufrido amparándonos en la Ley de Consumidores y Usuarios. Podremos reclamar los daños materiales causados a la mesa de roble japonés en el que teníamos el ordenador o los daños por quemaduras que la explosión nos causó al estar cerca del aparato, pero los daños del propio ordenador solo pueden reclamarse por la vía civil ordinaria.

En segundo lugar, hemos de tener en cuenta el límite temporal que existe para reclamar por los daños y perjuicios sufridos a causa de un producto defectuoso. Dicho plazo será de 3 años a contar desde el momento en que el consumidor perjudicado sufrió el daño. Por otro lado, la responsabilidad de productores sobre productos defectuosos se extinguirá, en todo caso, a partir de los 10 años contados desde que el producto causante del daño se puso en circulación. Es decir, que no se podrá exigir la responsabilidad del productor por un daño causado por un producto que lleva en el mercado más de 10 años (artículos 143 y 144 del TRLGDCU).

Por último, en cuanto al quantum de la indemnización, respecto a los daños materiales se deducirá una franquicia de 500 euros y existirá un máximo de 63.106.270,96 euros por muerte y lesiones personales causadas a una pluralidad de personas por el empleo de productos idénticos que presenten el mismo defecto.

Judith Martín

1 de junio de 2021


Autora: Judith Martín Sánchez

Abogada colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid.

He formado parte del equipo de Monclús & Busto Landín, Abogados durante aproximadamente dos años, y actualmente soy abogada colaboradora del despacho Vicente & Matanza, Abogados y Asesores, radicados ambos en Valladolid. 

Mi dedicación profesional se centra principalmente en el Derecho bancario, Consumidores y Usuarios y en el Derecho de Familia.

Twitter: @JudithMartinSa1

LinkedIn: linkedin.com/in/Judith-martín-sánchez-59018a152

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